De lo contrario "será imposible seguir manteniendo la calidad de las prestaciones y se pondrá en riesgo la viabilidad de las entidades sociales" que prestan estos servicios, advirtió.

Casado explicó que, ya antes de la pandemia, "la situación de la red de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo estaba fuertemente lastrada por la crisis de 2008, época en la que se procedió a un recorte del 5% que nunca se ha llegado a recuperar a pesar de las promesas de la Comunidad de Madrid".

Detalló los datos de un estudio realizado por las entidades sociales de la red de Plena Inclusión Madrid justo antes de iniciarse la pandemia, que ya arrojaba "cifras preocupantes" sobre lo deficitario de estos servicios.

El desfase oscila entre el 5% de los centros de día (CD) y el 20,65% en centros residenciales con centro día (RESCD), pasando por el 14,12% en las residencias con centro ocupacional (RESCO) y el 12,4% de las viviendas.

Según el presidente, "ahora mismo, nos encontramos en una situación incierta, especialmente en lo que se refiere a las residencias".

Se conjugan la necesidad de garantizar la salud y la seguridad de quienes viven y trabajan en ella, la lentitud en cubrir las plazas vacantes y el miedo de muchas familias a que sus hijos regresen a estos lugares.

Esto puede conducir a algunos centros a "situaciones límite", alertó, en las que se vean "obligados a llevar a cabo expedientes de regulación de empleo, aun cuando los trabajadores son más imprescindibles que nunca".

Por ello, Casado reclamó que el presupuesto de 2021 incluya partidas suficientes para "seguir atendiendo con parámetros de calidad y garantías suficientes" a las personas con discapacidad intelectual.