La petición impulsada por el PP, con 62 votos a favor, seis abstenciones y ninguno en contra, se debatió días después de que Celaá anunciase su solicitud, a iniciativa propia, el pasado viernes. Varios diputados de distintos grupos adelantaron que se producirá la próxima semana.

La diputada del PP Sandra Moneo aseguró en su intervención que en el Ministerio de Educación han sido “incapaces de asumir un liderazgo que asegure una vuelta segura a las aulas”, lo que ha provocado “incertidumbre” y que las familias reciban “mensajes contradictorios”. Moneo lamentó especialmente que dos millones de alumnos se hayan visto perjudicados especialmente por la suspensión de las clases presenciales por el Covid-19 y pidió explicaciones a Celaá sobre dónde está el grupo de expertos que anunció que crearía.

Por el Grupo Mixto, la diputada canaria Ana Oramas lamentó la falta de recursos y coordinación para la vuelta a las aulas. “¿No hay otra prioridad en este país que la educación, en especial de los sectores más vulnerables?”, preguntó. “Esto requería que se hubiese creado un grupo de trabajo en los últimos seis meses. Eso no lo puede hacer un consejero. Ese es el papel del Ministerio de Educación”, zanjó pidiendo a Celaá que “de forma urgente”, junto a expertos, prepare sus recomendaciones generales.

INDEFINICIÓN

Mertxe Aizpurua (GEH Bildu) reprochó a Gobierno y autonomías la “indefinición total” ante el nuevo curso y apeló a observar el “contexto general” en cada autonomía. “Hay que bajar las ratios”, reclamó, llamando también a “consensuar las medidas con la comunidad educativa”. “Básico, pero resulta que lo más básico es lo que se está olvidando durante la pandemia”, añadió.

A su vez, Mikel Legarda, del PNV, defendió la abstención de su grupo, porque entiende que las reuniones y comparecencias anunciadas por Celaá para los próximos días dejan “fuera de lugar” la petición de comparecencia de la ministra por parte del PP en la Diputación Permanente, pero se hizo eco de la preocupación de los agentes educativos y las familias ante la reapertura de las aulas.

Por Ciudadanos, Guillermo Díaz afeó que en 130 días el Gobierno “ha excluido” de las ayudas del Covid a la concertada y a la educación especial. En su opinión, Celaá ha ido pasando de la “fase de negación”, a la de “improvisación” para acabar en “la fase de rectificación”. “Da la sensación de que en el Gobierno nadie ha preparado nada”, lo que genera gran “inseguridad” sanitaria e “incertidumbre” laboral.

Asimismo, Joan Baldoví, de Compromís, presumió de que la Comunidad Valenciana contará con 4.000 docentes más gracias a los acuerdos entre la Generalitat y los agentes educativos. “Es fundamental que comparezca la ministra. No es de recibo que se haya generado todo este malestar. La reunión del jueves, absolutamente necesaria, llega muy tarde”, aseguró.

En la misma línea se mostró la diputada de Junts per Catalunya Laura Borrás: “La ministra debería haber comparecido ya a petición propia”. “El Estado sigue siendo mirándolo todo desde la barrera a la vez que se apropia de los remanentes de los ayuntamientos”, aseguró esta diputada al anunciar la abstención de su grupo.

Por ERC, Xavier Eritja apuntó a que “quizás lo que falta es la coordinación del Estado” pero que “son las CCAA las que tienen que planificar el inicio de curso y la atención de los casos del Covid”. “Eso supone asumir la responsabilidad y el coste político”, aseguró.

CATÁSTROFE GENERACIONAL

Desde Unidas Podemos, Javier Sánchez apeló a la recuperación de las clases presenciales para evitar “una catástrofe generacional”. Pero el objetivo “no sólo tiene que ser reabrir las aulas, sino abrir para que no se vuelvan a cerrar”, añadió, pidiendo prioridad en el reparto de los fondos del Covid-19 anunciados por el Ejecutivo para la educación pública y la contratación de docentes.

“No tenemos el menor problema con la comparecencia” de Celaá, dijo, pero pidió al PP que exija explicaciones a los consejeros de sus comunidades autónomas, pues “en vez de contratar docentes están despidiendo alumnos”. “¿Dónde está yendo el dinero del fondo?”, cuestionó, apoyando las movilizaciones del profesorado.

La diputada de Vox María de los Reyes Romero apoyó la petición de comparecencia y aseguró que la incertidumbre ante el inicio de curso “es la consecuencia de tener 17 reinos de taifas”. “Echamos en falta el liderazgo de la ministra”, indicó, apelando a que ofrezca “normas básicas suficientemente claras” ante la “negligencia de este Gobierno y de los 17 mini estados”, que refleja, en su opinión, “el caos del estado de las autonomías”.

Finalmente, la parlamentaria socialista María Luz Martinez Seijo insistió en que las competencias educativas son de las comunidades que cuentan con una “guía” de recomendaciones que les trasladó el Gobierno en junio. “Son las autonomías las que tienen que poner en funcionamiento todo ello” e “informar a las familias de la situación educativa sanitaria con la que se van a encontrar”, aseveró, cargando contra las políticas donde gobierna el PP.