Impulsada por el Grupo Socialista, la iniciativa incluye finalmente puntos propuestos por PP, ERC, Grupo Vasco en el Senado, la Izquierda Confederal, Ciudadanos, JxCat y Grupo Mixto.

Todos los grupos de la Comisión de Políticas Integrales para la discapacidad del Senado apoyaron esta transaccional a favor de la lectura fácil y de la accesibilidad cognitiva, cuyo objetivo es facilitar la comprensión del entorno físico, el ámbito cultural, el mundo social y el entorno digital por parte de las personas con discapacidad intelectual.

Para ello, defiende la implantación de pictogramas y la adaptación de todos los textos a lectura fácil “en zonas urbanas y rurales y “en ámbitos distintos como “productos y servicios, espacios públicos, transportes, normativas de edificación, administraciones públicas, patrimonio cultural y procesos de participación pública”.

Asimismo, propone rescribir a lectura fácil todos los documentos emitidos por las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, y recomienda asegurar que toda la información pública garantizada por la Ley de Transparencia se halla asimismo disponible en formatos fáciles de comprender.

Por último, la iniciativa insta al Gobierno a garantizar la accesibilidad cognitiva en todos los procesos judiciales, a adaptar los softwares de máquinas expendedoras para facilitar su uso y a asegurar que todos los bienes y servicios son accesibles para personas con discapacidad intelectual.

La misma Comisión del Senado aprobó otra moción que reclama al Gobierno una serie de medidas para facilitar la vida de las personas con discapacidad de cara a la desescalada tras el Covid-19. Fue también impulsada por el PSOE, aunque finalmente se alcanzó una transaccional con medidas propuestas por PP, ERC y Ciudadanos.

Entre otros puntos, defiende prestar apoyo financiero a las entidades y empresas del Tercer Sector para “garantizar su viabilidad económica”, así como mejorar la financiación de los conciertos de las plazas asistenciales que estas ofrecen.

También pide mejorar la accesibilidad de la información que se dirige a los colectivos de personas con discapacidad; favorecer la vuelta a las clases presenciales de los estudiantes con necesidades educativas específicas, y mejorar la detección y atención de las mujeres y niñas discapacitadas víctimas de maltrato.

Por otra parte, pide la puesta en marcha de planes de empleo y formación específicos para personas con discapacidad; tomar todas las medidas precisas para evitar la discriminación por razón de discapacidad en las empresas, y promover la investigación y la disponibilidad de nuevos dispositivos y tecnologías que permitan facilitar la vida de este colectivo.

Finalmente, exige una dotación presupuestaria suficiente y la transferencia de fondos a las comunidades autónomas para que puedan llevar a cabo todas estas medidas.