En un artículo publicado en el último número de la revista ‘Actas de Coordinación Sociosanitaria’ de la Fundación Caser, Pérez pide un proceso de reforma “ad hoc exclusivo para este objetivo, pues concurren por fin las condiciones de posibilidad necesarias” para que se convierta en realidad.

A su juicio, “no debería conectarse o condicionarse a reformas constitucionales más amplias y complejas, respecto de las cuales no se vislumbran las adhesiones y consensos mínimos” imprescindibles en estos momentos.

Sí admitió que, a largo plazo, Cermi comparte con otras organizaciones el deseo de “una reforma social de la Constitución”, para que los derechos sociales y económicos se incluyan en el artículo 14 y gocen de la máxima protección jurídica.

El artículo de Pérez recuerda que la citada modificación es una demanda del sector de la discapacidad con dos décadas de antigüedad y subraya cómo en 2018, “fruto de la presión social” e inspirándose en la propuesta de Cermi, la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso elaboró un borrador de reforma, a partir del cual el Ejecutivo redactó su propio proyecto, “con algunas mejoras”.

En líneas generales, la redacción del Ejecutivo que presidía Pedro Sánchez “contenía las principales reivindicaciones de Cermi”, pero la disolución de las Cortes provocó que la norma decayera y, la posterior inestabilidad política, hizo inviable que se pudiese retomar.

El anuncio de que la reforma del artículo figura entre las prioridades políticas del Gobierno para la nueva legislatura supuso un nuevo impulso a esta iniciativa, aclara el presidente de Cermi.

Entre las principales demandas de este Comité figura la sustitución del término ‘disminuido’, “ofensivo e hiriente”, por “la de personas con discapacidad o la de mujeres y hombres con discapacidad”.

Sin embargo, Pérez resaltó que aunque la cuestión terminológica fue “el detonante de todo el proceso” y “es también la más visible”, la reforma no debe quedarse aquí.

En su opinión, “es preciso eliminar la clasificación por tipos de discapacidad (física, sensorial y psíquica”, así como evolucionar “desde un enfoque médico rehablitador (vigente en la actualidad) a una perspectiva de derechos humanos”.

También ha de “hacerse una mención a que las personas con discapacidad gozarán real y efectivamente de la igualdad y de los demás derechos y libertades reconocidos en la Constitución a toda la ciudadanía, sin discriminaciones ni exclusiones por razón de esta circunstancia”, y recoger de forma expresa que “la legislación, las políticas oficiales y la acción toda de los poderes públicos y de las autoridades y sus agentes promoverán, protegerán y asegurarán reforzadamente (acción afirmativa) el ejercicio efectivo de los derechos” de estas personas para que, representando su elección y preferencias, lleven una vida participativa e independiente con los apoyos precisos, en entornos universalmente accesibles,

Pide asimismo que el nuevo texto cite “de modo visible la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas como marco jurídico de aplicación y exigibilidad en la materia”, esto es, “constitucionalizar” dicho tratado.

Por último, reclama que los derechos de las personas con discapacidad reciban “la máxima protección legal y jurisdiccional prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 53 del texto constitucional”, es decir, el mismo tratamiento que los derechos del artículo 14 y de la Sección primera del Capítulo segundo de la Constitución, por remisión constitucional expresa.

Finalmente, reiteró el llamamiento de la discapacidad a “promover esta reforma, acelerándola”, “llegar a un consenso pleno o al menos muy amplio, y ofrecer a toda la ciudadanía española, con y sin discapacidad, esta ocasión inaudita de mejora colectiva”.