Este gasto en prestaciones es superior en un 63% a lo inicialmente presupuestado para el presente ejercicio, cuando la previsión fue de 19.615,95 millones de euros, según explicaron hoy en rueda de prensa CCOO y UGT tras reunirse con el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

Sin embargo, debido al fuerte crecimiento del desempleo registrado en 2009, el Ejecutivo ha tenido que aprobar varios créditos para cubrir las prestaciones y prevé que, finalmente, la cuantía de este gasto cierre el presente ejercicio en el entorno de los 2.000 millones de euros.

El presupuesto total del SPEE ascenderá a unos 38.000 millones de euros, en la línea de este ejercicio, en los que se incluye el gasto en prestaciones y el coste de las políticas activas de empleo, que rondará los 4.800 millones de euros. De éstos, 2.850 serán bonificaciones a la contratación.

A la reunión asistieron, además del ministro, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, la de Inmigración, Consuelo Rumí, y la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo.

Por parte de los sindicatos acudieron los responsables de empleo y de seguridad social: Carmen López, Almudena Fontecha y Pedro Gallego, de UGT, y Paloma López, Carlos Bravo y Miguel Ángel García, de CCOO.

En la rueda de prensa, los representantes sindicales subrayaron que, aunque no es posible adelantar cuál será el comportamiento del empleo en 2010, lo presupuestado por el Ejecutivo parece “consistente”.

Por su parte, fuentes de Trabajo apuntaron que para la elaboración del presupuesto de este año se ha seguido el mecanismo de años anteriores, que es el de tomar como referencia el gasto real del año anterior.

La secretaria de Políticas Sociales de UGT, Carmen López, subrayó que su sindicato “comparte” la orientación del presupuesto del Ministerio, centrado en la protección social. Sin embargo, defendió que “se debe actuar también sobre las políticas activas de empleo, no sólo en las políticas de protección”.

Desde CCOO, la secretaria de Empleo e inmigraciones, Paloma López, reclamó también que se debe manifestar con “claridad” la incidencia real de las políticas activas de empleo, por lo que reclamó que las comunidades autónomas, que son las que tienen transferida esta competencia, realicen “informes de evaluación” sobre la efectividad de estas iniciativas.

Por otro lado, el principal caballo de batalla de los sindicatos sigue siendo el incremento para 2010 del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), cuya subida se debe cerrar antes de que acabe el año.

La principal queja de las organizaciones sindicales no es tanto el incremento prevista por el Ejecutivo del 0,3%, sino que reclaman la inclusión de una cláusula similar a la que tienen las pensiones que cada noviembre revise el incremento aplicado y lo compare con la inflación, para evitar la perdida de valor real.