Según Hacienda, “la posibilidad de un control reforzado mediante herramientas de análisis masivos de datos supone una novedad en el ámbito de los patrimonios relevantes ‘deslocalizados’ y marca un nuevo impulso para la comprobación tributaria de este perfil de contribuyente”.

En este sentido, Hacienda resaltó que continuarán las labores de control sobre grandes fortunas impulsado por la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, pero que este año “se establece también una línea específica de control a partir de herramientas de ‘big data’ sobre contribuyentes con patrimonios relevantes que ‘deslocalizan’ su residencia, fingiendo que se encuentra en el extranjero cuando la Agencia Tributaria entiende que realmente residen en España”.

Así, agregó que a lo largo del pasado año ya se estableció de manera sistemática el análisis de residencia sobre un amplio colectivo contribuyentes que figuran como no residentes en las bases de datos tributarias. “Este análisis ha facilitado la obtención de los indicios necesarios para poder determinar la residencia en nuestro país de algunos de estos patrimonios relevantes, lo que permitirá, a partir de este año 2021, intensificar las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados”, añadió al respecto.

COMERCIO ELECTRÓNICO

El Plan de Control Tributario de este año también recoge que la administración tributaria gestionará dos nuevas figuras tributarias como son el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, a lo que se une la previsible incorporación del paquete de comercio electrónico (‘e-commerce package’) con importantes novedades gestoras en el pago del IVA de las plataformas de comercio electrónico.

En relación con el comercio ‘online’, la Agencia intensificará su control, tanto desde la perspectiva de la tributación directa como de la indirecta, “realizando una aproximación cooperativa, cuando sea posible, para determinar la forma más adecuada de acceder a la información necesaria de las plataformas de comercio electrónico o, en caso de no ser posible, haciendo valer las obligaciones generales de información legalmente previstas y el régimen sancionador por incumplimiento”. Según Hacienda, “se pretende asegurar la completa identificación fiscal de aquellos obligados tributarios que, aun no estando domiciliados en España, realicen el hecho imponible del IVA por sus ventas a consumidores finales localizados en nuestro país”.

En paralelo a la implementación en 2021 de las medidas normativas que derivan del paquete ‘e-commerce’, y para asegurar su adecuada aplicación, el área de Inspección extremará el control sobre las plataformas de comercio electrónico para evitar que este tipo de operaciones puedan eludir el pago de las obligaciones tributarias que les corresponden, en particular, a efectos de la tributación indirecta.

Además, también será objetivo prioritario, en colaboración con el área de Aduanas e Impuestos Especiales, el abuso de los envíos postales directos al consumidor con carácter no comercial desde países terceros.

IMPLICACIONES CORONAVIRUS

Por otra parte, Hacienda indicó que las directrices del Plan de Control tienen en cuenta el impacto de la crisis sanitaria sobre la planificación de la Agencia en 2020 y, posiblemente, también 2021, de forma que se plantea la consolidación y modulación de líneas de actuación que el pasado año pudieron resultar afectadas por la pandemia, como el plan de visitas presenciales.

Asimismo, priorizará “el control de los riesgos fiscales de aquellos contribuyentes que menos se hayan visto afectados por los efectos económicos del Covid-19, manteniendo un nivel general de control adecuado, dada la necesidad de combinar la atención a las situaciones de falta de liquidez con la obligación de comprobar ejercicios anteriores a la crisis dentro del periodo de prescripción”. En esta misma línea, también señaló que el incremento de bases imponibles negativas pendientes de compensar “justifica doblemente la continuación del plan especial de revisión de bases pendientes iniciado el pasado año”.

De la misma forma, la Agencia Tributaria también analizará las implicaciones a efectos tributarios que la pandemia haya tenido en distintos aspectos de la operativa empresarial, como el impacto sobre los precios de transferencia (intragrupo) de las multinacionales, o el efecto que las restricciones a la movilidad han tenido en los hábitos de consumo, generando un fuerte repunte del comercio por internet.

En el terreno de la fiscalidad internacional, Hacienda destacó que mantendrá el foco en la identificación de estructuras y pautas de comportamiento que se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de los paraísos fiscales y regímenes preferenciales, y que puedan ser o sean replicadas o estandarizadas para el uso por parte de una pluralidad de contribuyentes.

ECONOMÍA SUMERGIDA Y NARCOTRÁFICO

Dentro de las actuaciones a realizar en el marco de la lucha contra la economía sumergida, Hacienda continuará con las personaciones en locales de negocio de los obligados tributarios para los supuestos en que los indicios de incumplimiento se presenten “con una mayor claridad”.

Además, seguirá prestando atención prioritaria al empleo de equipos y programas informáticos que permiten la alteración de los registros contables, y planteará un trabajo conjunto con asociaciones de empresas especializadas en el desarrollo o comercialización de software de gestión, como forma de evitar que se desarrollen, difundan, comercialicen, descarguen o usen en el ámbito empresarial sistemas que permitan la supresión de ventas.

En lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, el Plan indica que se impulsará la implantación de tecnologías avanzadas basadas en inteligencia artificial, ‘big data’ y minería de datos para reforzar las investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en materia de análisis patrimonial y blanqueo de capitales. En concreto, Hacienda subrayó que en esta materia “resulta prioritaria la zona del Campo de Gibraltar”, en la que se desarrollarán operaciones en coordinación con las autoridades policiales y judiciales, en aplicación del Plan Especial del Campo de Gibraltar. Además, continuarán las acciones operativas y de vigilancia marítima que se han visto reforzadas por la prohibición legal de las ‘narcolanchas’.