Así lo defendió en un comunicado en el que, no obstante, alertó de que todavía “quedan mejoras que realizar” puesto que en el cálculo de los miembros de la unidad de convivencia no se contabiliza a todos los hijos y personas dependientes, sino que reconoce únicamente hasta el tercer hijo, lo cual, espetó, “supone no reconocer una situación de alta vulnerabilidad, las familias con más de tres menores o personas dependientes”.

Además, a su juicio, existen grupos que “siguen sin estar incluidos” en los requisitos solicitados para la obtención del IMV, entre los que citó a las personas inmigrantes en situación irregular, las refugiadas o las menores de 23 años sin hijos.

Junto a ello, urgió a mejorar los sistemas de solicitud y adjudicación, para acortar los plazos y aumentar el nivel de transparencia e información con respecto a las cuantías asignadas, “especialmente” en el caso de los traspasos de las rentas autonómicas, los motivos de denegación y la habilitación de procesos de reclamación.

Por otro lado, la EAPN reconoció como “una de las grandes áreas problemáticas” del IMV su “complementariedad” con las rentas mínimas, por lo que exigió una “coordinación” entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para fijar criterios y recursos comunes que garanticen la igualdad de condiciones.

EAPN-ES volvió a insistir en que el IMV no es un “gasto”, sino que se trata de una “inversión que, gestionada adecuadamente, tendrá un importante retorno para la sociedad”, por lo que se comprometió a colaborar para ampliar su accesibilidad y cobertura con el fin de “llegar al máximo posible de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad”.