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La Fundación Cermi Mujeres pide al Instituto de las Mujeres que medie para que una bióloga con discapacidad no pierda su plaza por falta de adaptaciones

MADRID

La Fundación Cermi Mujeres, plataforma para la defensa y acción de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en España, ha pedido al Instituto de las Mujeres que intervenga ante la discriminación de la bióloga interna residente Carmen Lafuente, una profesional con discapacidad que ha sacado plaza "con la mejor nota" pero que "no encuentra un hospital público que adapte su puesto".

En una carta a la que tuvo acceso Servimedia dirigida a la directora del instituto, Beatriz Gimeno, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, recuerda que Lafuente es una persona con un 78% de discapacidad visual y que "el resultado de esta falta de adaptación ha derivado en la pérdida de la plaza, decisión adoptada por el propio Ministerio de Sanidad".

"Desde Fundación Cermi Mujeres nos resulta inaceptable que una situación como la de Carmen Lafuente se siga produciendo en nuestro país y que precisamente sea una administración pública quien conculque los derechos de esta trabajadora con discapacidad", dice Peláez que pide a Gimeno que se interese por el caso y solicite abrir "una investigación oficial en relación con la actuación del Ministerio de Sanidad".

Peláez subraya en su misiva que la adaptación de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad "es una obligación legal recogida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, así como en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social".

"Por otra parte, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en vigor en nuestro país desde 2008, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad", prosigue Peláez.

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres argumenta también que, precisamente en 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ya instó al Estado español a analizar y modificar sus leyes, reglamentos y políticas para promover el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y privado, con especial atención a las mujeres con discapacidad. "Además, hizo hincapié en la necesidad de velar por que existan ajustes razonables y sean accesibles para las personas con discapacidad", subraya.

La carta añade también que en España el 65% de las mujeres con discapacidad están inactivas laboralmente y el porcentaje de desempleo alcanza la escandalosa cifra del 80% entre aquellas con discapacidades más severas, quienes, además, no llegan a obtener una formación universitaria.

(SERVIMEDIA)
03 Mar 2021
AHP/gja/

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