Así lo manifestó durante la celebración del Seminario ‘Personas con Discapacidad en el nuevo proceso penal’, organizado por el Cermi junto con la Fundación Derecho y Discapacidad.

Según explicó, para estas propuestas tendrán relevancia los artículos 12, 13 y 14 de la Convención de la ONU, relativos al igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia y libertad y seguridad de la persona.

Por eso, para él, esta nueva ley debe garantizar, según ha explicado, "la igualdad de condiciones y la no discriminación de las personas con discapacidad en el proceso penal, poniendo a disposición de estas personas ajustes de procedimiento y los apoyos que necesiten, así como garantizar así su participación”.

Por su parte, el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín, señaló que “la Justicia desde la Convención nos iguala, nos protege, nos libera y nos incluye a las personas con discapacidad”.

Según indicó, “hay que reivindicar en el contexto de esta ley los ajustes del procedimiento para hacer valer un juicio imparcial y justo”, al tiempo que “se tiene que escuchar a la persona con discapacidad, ponerla en el centro, porque es una realidad heterogénea, y darles los apoyos que aseguren su participación en el proceso y que estos derechos no queden en precario”.

El Seminario también contó con la participación de María José Segarra, Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la protección de personas con discapacidad y atención a los mayores; Joaquín Delgado Martín, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; el abogado experto en temas de discapacidad Torcuato Recover, de Plena inclusión; Patricia Cuenca, doctora en Derecho y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid; y Juan Manuel Fernández, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Órgano Rector del Foro Justicia y Discapacidad. Todas estas personas ofrecieron pautas y una visión para garantizar un proceso penal garantista para las personas con discapacidad.

Por último, las demandas de la sociedad civil de la discapacidad fueron defendidas por Esperanza Alcaín, doctora en Derecho, profesora de la Universidad de Granada y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad; e Iván San Martín, Raquel Valle y Ángeles Blanco, representantes de Salud Mental España, Confederación Autismo España y Confederación Aspace, respectivamente, quienes reclamaron la adaptación de los procesos a las necesidades reales de las personas con discapacidad, bajo los parámetros de la igualdad de condiciones y no discriminación.