Según su director general, Esteban Beltrán, "la prohibición generalizada de todas las concentraciones y manifestaciones con motivo del 8-M en Madrid es una limitación desproporcionada al derecho de reunión pacífica establecido en el Derecho Internacional", por lo que "cada petición debe evaluarse individualmente” en función de su recorrido, asistentes previstos, posibles confluencias, etc.

El Derecho Internacional de los derechos humanos reconoce que pueden imponerse restricciones al derecho a la libertad de reunión pacífica para la protección de determinados intereses legítimos, como la salud pública, reconoció.

"Ahora bien, a la hora de decidir si una manifestación puede o no llevarse a cabo por razones de protección de salud pública, las autoridades deben realizar una evaluación caso por caso, que contemple qué medidas pueden adoptarse para prevenir contagios, sin necesidad de prohibir la manifestación en su totalidad. Las prohibiciones de manifestaciones o protestas públicas deben ser una opción de último recurso y solo basada en una necesidad urgente", manifestó Beltrán.

Destacó que, entre otras cuestiones, esta valoración debe “contemplar que las medidas de confinamiento que afecten a la protesta pública sean aplicadas de forma congruente y consistente con las distintas actividades y desplazamientos que esté permitido llevar a cabo en ese momento”.

Sin embargo, “debe ponderarse de forma adecuada la importancia del derecho a la reunión pacífica y la necesidad de la ciudadanía de participar en el debate público”, prosiguió, “especialmente en un escenario de tanta complejidad y con tantas dificultades como el actual”.

Según explicó, "Amnistía Internacional no cuestiona las restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de circulación en estos momentos de pandemia”. Ahora bien, subraya que “cualquier medida que recorte libertades y derechos humanos debe cumplir estrictamente con el criterio de proporcionalidad y necesidad", concluyó Beltrán.