En su opinión, la nueva legislación traerá “un cambio trascendental” para mejorar la vida de miles de personas. “Lo sucedido hoy supone un paso fundamental en el trámite parlamentario para la sustancial modificación de la legislación civil y procesal que pretende el proyecto”, indicaron en un comunicado.

De este modo, “ahora solo queda la última revisión del texto en el Senado para que el actual proyecto pase a ser aprobado como ley y se produzca su entrada en vigor”, destacaron.

A su juicio, “esta reforma acabará con una injusticia histórica para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sobre las que la ley actual prevé figuras de sustitución en la toma de decisiones contrarias a la Constitución española y a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

Ambas organizaciones destacaron el cambio que la reforma va a suponer en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en especial en lo que atañe al Código Civil.

También se felicitaron de que el nuevo texto haya asumido muchas de las aportaciones realizadas por las entidades de discapacidad como las presentadas por Plena inclusión y la AEFT, que exigían no solo la desaparición de la incapacitación judicial, sino también la prohibición de que entidades prestadoras de otros servicios sean las que apoyen en la toma de decisiones a las personas con discapacidad. De este modo se evitan posibles conflictos de intereses, o promoviendo la creación de figuras de apoyo graduadas en función de las necesidades de cada persona.

“Lo central en esta reforma es el reconocimiento de que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, una reivindicación conjunta no solo de la AEFT y Plena inclusión, sino también entidades como el Cermi y otras muchas dentro del ámbito de la discapacidad”, concluyeron.