“Integración e inclusión son conceptos diferentes y la integración no siempre significa inclusión. El derecho a una educación inclusiva está relacionado con el derecho de los estudiantes a participar plenamente en la educación ordinaria”, asevera el comité europeo de derechos sociales en su dictamen sobre España.

En este sentido, recuerda que es una “obligación” de los estados “promover la educación de calidad para las personas con discapacidad”, y que esto se debe garantizar desde “la educación inclusiva en escuelas ordinarias” en las que cuenten con todo tipo de facilidades que aseguren que sus necesidades especiales están cubiertas.

Además, señala que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas aboga por la educación inclusiva adaptando “los métodos de enseñanza, aproximaciones, estructuras y estrategias” para eliminar cualquier barrera para los estudiantes con discapacidad en la escuela ordinaria.

De hecho, alerta de las medidas que se tomen no pueden ir únicamente encaminadas a la integración de alumnado con discapacidad en las escuelas ordinarias, ya que se podría dar una “segregación” en los propios centros, sino que se debe caminar a una “inclusión” de estos estudiantes en las aulas.

Según datos del Consejo de Europa, el porcentaje de estudiantes con necesidades especiales ligadas a una discapacidad que van a la escuela ordinaria ha pasado del 79,6% en el curso 2013-2014 al 83,5% en curso 2017-2018.

En el caso de España, el Comité de Derechos Sociales aprecia que “no hay suficientes programas especiales en educación para conocer las necesidades de las personas con discapacidad y asegurar su pleno acomodo y accesibilidad en los servicios de educación”. Además, señala que hay importantes diferencias entre comunidades autónomas.

Para constatar el fracaso de la educación entre los estudiantes con discapacidad, el Consejo de Europa recuerda a España que sólo el 15,1% de las personas con discapacidad tiene estudios superiores, cuando el porcentaje de población general con estudios es del 33,2%. De hecho, el 23,9% de las personas con discapacidad sólo tienen estudios básicos, frente al 9,6% de población general.

La Lomloe, más conocida como 'ley Celaá' por el apellido de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ya recoge que “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios” para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y que los centros de educación especial “desempeñen la función de centros de referencia y apoyo”, algo que ha levantado ampollas en el PP y Vox, que defienden la educación especial.

El informe del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa también hace referencia al informe Olivenza de 2018, en el que se señala que en España hay más de 1,8 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, de los que sólo el 25% tiene un empleo.

Además, afea que “la tasa de empleo de las personas con discapacidad ha decrecido desde 2009 y apuntala que sólo el 76,2% de quienes tienen un empleo trabajan con un contrato indefinido.