En el relato sobre España, el documento oficial de la Administración norteamericana dedica un epígrafe a los derechos de las personas con discapacidad, en el que recoge informaciones aportadas por el Cermi sobre las quiebras de los derechos humanos desencadenadas por la gestión inadecuada de la pandemia de la Covid-19.

Así, el informe señala que “en agosto, el Cermi informó de importantes desafíos en la prestación de asistencia a las personas con discapacidad debido a la pandemia de Covid-19” y precisa que “esto incluyó la falta de apoyo educativo y personal, como consultas en persona con los maestros y la falta de acceso a intérpretes de lenguaje de signos, mediadores de comunicación y fisioterapeutas”.

El Cermi también -continúa el Departamento de Estado- informó de “la falta de adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidades para el aprendizaje a distancia”.

Y añade que la plataforma española de la discapacidad “observó que la falta de apoyo psicológico y emocional afectaba de modo negativo a la salud física y mental de los estudiantes con discapacidad”. Y concluye su mención aseverando que “la situación de las mujeres y las niñas era particularmente difícil, según el Cermi, en parte debido a las mayores tasas de pobreza y al aumento de la exclusión social”.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos aborda cada año los acontecimientos, casos de corrupción, denuncias de organizaciones y conflictos en cerca de 200 países de todo el mundo, incluyendo todos los europeos, en cumplimiento de la Ley norteamericana de Ayuda Exterior, que impone a ese Gobierno registrar y tener presente la evolución de los derechos humanos en el mundo.