Esa decisión, que contó con 14 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones, se suma a las mociones tumbadas el pasado mes de marzo por el Congreso y el Senado, presentadas por Foro Asturias y el PP, respectivamente, y a otra proposición no de ley registrada por el PP en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Cámara Baja, y también rechazada a finales de febrero.

La reciente polémica sobre el lobo ibérico surgió después de que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, órgano formado por el Gobierno y las comunidades autónomas, decidiera el pasado 4 de febrero en una votación ajustada (nueve votos a favor, ocho en contra y una abstención) incluir al lobo ibérico en el Lespre, lo que significa que se prohibirá su caza deportiva al norte del Duero.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, escenificaron el pasado 25 de febrero en el Senado su defensa de la protección del lobo y el apoyo a la ganadería extensiva.

La iniciativa rechazada hoy en el Congreso pretendía mantener el actual estatus de especie cinegética del lobo al norte del Duero, que el control de ese animal mediante la caza sea una herramienta para su gestión y que el Gobierno promoviera ante las instituciones europeas una reforma de la Directiva Hábitats para que se autorice la actividad cinegética también al sur del Duero.

A FAVOR

Milagros Marcos, del PP, defendió la proposición no de ley indicando que la futura prohibición de la caza deportiva del lobo ibérico al norte del Duero (al sur de ese río no está permitida actualmente) se debe a la “ideología extrema de una mal entendida protección de la especie y una clara animadversión contra la ganadería”.

Marcos indicó que homogeneizar la protección del lobo en todo el país supone un “menoscabo” de las competencias autonómicas al norte del Duero, por lo que aseguró que la decisión tiene “un difícil encaje constitucional”, y añadió que las poblaciones de esos animales han ascendido un 20% en la última década en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid.

Ricardo Chamorro, de Vox, calificó de “atentado contra la España agraria” que el Gobierno trabaje en prohibir la caza deportiva del lobo ibérico, y acusó al Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos en los siguientes términos: “Desde la ciudad pretende convertir nuestro mundo rural en un paraje inhóspito, envejecido y sin actividad”.

Chamorro añadió al respecto: “Nos oponemos a todas las agendas globalistas que pretenden acabar con la ganadería o que penalizan el consumo de carne para beneficiar los intereses de las élites y la industria animalista, que ataca a nuestros ganaderos y al mundo rural”.

EN CONTRA

Por otro lado, otros dos portavoces verbalizaron su rechazo a la iniciativa presentada por el PP. Daniel Senderos, del PSOE, apuntó que sobre el lobo no conviene “buscar ni buenos ni malos” porque “tan importante es la función ecosistémica y de hábitat en la que está presente el lobo como la labor que realiza la ganadería extensiva dentro de la sostenibilidad y el mantenimiento del medio natural y rural”.

Senderos indicó que los socialistas apuestan por la coexistencia del lobo con la ganadería extensiva y que el Gobierno pondrá en macha ayudas a los ganaderos y actualizará la estrategia de conservación del lobo en España.

Juantxo López de Uralde, de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, recriminó a Chamorro que hablara de “agenda globalista” cuando el ‘canis lupus signatus’ es una subespecie de lobo endémica en la Península Ibérica. “Es una responsabilidad nuestra como españoles preservar nuestra fauna y nuestra riqueza natural”, dijo.

López de Uralde desmintió que las poblaciones de lobos hayan aumentado recientemente porque el último censo data de 2014 y sus poblaciones están ahora “estancadas”. “Defendemos la coexistencia y la ganadería. La preservación del lobo no debe caer sobre las espaldas de los ganaderos. Debemos ser todos los españoles los que solidariamente contribuyamos tanto a los costes de las medidas preventivas como a los costes de los posibles daños”, concluyó.