El encuentro ha tenido lugar este martes después de que CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en la empresa, exigieran por carta a su presidente una reunión informativa tras las cartas amenazantes dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y al ex vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias.

A su término, los sindicatos han criticado que la empresa perseguía el doble objetivo de “exculparse haciendo recaer toda la responsabilidad en el trabajador de la empresa externa” y “pedir la colaboración de los sindicatos para que la imagen de la empresa pública no se viera dañada”, solicitándoles “colaboración máxima y comprensión”.

Según CCOO, la empresa ha reconocido que su protocolo de seguridad es de 2009 y “únicamente se ha modificado en estos doce últimos años en 2019” para su “relajación” ya que el cambio fue para modificar la normativa con los paquetes de peso menor de 100 gramos a fin de que “no tuviesen que pasar por los escáneres de seguridad al llegar a los Centros de Clasificación”.

Por otro lado, y conforme al sindicato, la compañía ha expuesto que la responsabilidad del funcionamiento y puesta en marcha de los escáneres en los Centros de Clasificación corresponde a la Dirección de Operaciones, siendo su responsabilidad que en el momento de los hechos “estuviesen activos 2 escáneres en lugar de los 4 existentes”.

“La empresa ha reconocido que “de 22 millones de envíos diarios, anualmente solo pasan por los escáneres de seguridad un total de 300 millones anuales” o lo que significa que “únicamente pasan por los escáneres de seguridad aproximadamente un 4% de los envíos”, remarcó el sindicato.

Tras el encuentro, CCOO y UGT recriminaron a Correos que “está minusvalorando la seguridad, dotándola de nula inversión económica y priorizando el gasto en otras áreas”, en alusión a que destine 47 millones de euros a seguridad y 40 millones a publicidad y marketing.

Por otro lado, criticaron que “la mayor empresa pública del país no realice un seguimiento riguroso de las empresas que subcontrata”, con una “maraña de licitaciones, adjudicaciones y rectificaciones en materia de seguridad” para la contratación de servicios para todas las provincias excepto para Madrid y Barcelona.

A su juicio, Correos “debería involucrarse en realizar subcontrataciones de calidad y no solo que estas se den a “buen precio”, siendo además “exigente” con las condiciones laborales “reales” en las que los trabajadores de esas empresas prestan su servicio.

Los sindicatos calificaron de “barbaridad” que Correos encare el problema exigiendo a la empresa subcontratada que cese al trabajador que no vio las balas que portaban las cartas con las amenazas, “siendo responsabilidad de la empresa que subcontrata velar por la seguridad y la salud de los trabajadores que realizan su trabajo en sus instalaciones”, y han exigido una auditoría “que revele los posibles fallos en materia de seguridad y se depuren responsabilidades a todos los niveles” y se corrijan la deficiencias en los protocolos de seguridad con las brechas que detecte. Así han apuntado al mismo presidente de Correos, indicando que “no es serio” que “lleve casi una semana desaparecido sin dar la cara mientras la empresa pública está en el ojo del huracán”.