Sería un número de atención telefónica “fácil de recordar”, que funcionase 24 horas al día, los siete días de la semana, para ofrecer “asesoramiento a personas con problemas de salud mental o a aquellos compañeros de trabajo o amigos que sospechen de la existencia de algún tipo de problema”, agregó durante el evento. Según explicó, esta línea telefónica debería encuadrarse dentro de la futura Estrategia Nacional de Salud Mental como un “mecanismo alrededor del cual pivotasen” el resto de acciones y medidas, que permitiese además la recopilación de datos y estadísticas.

Ni en España ni en el resto de la Europa continental existen servicios de este tipo a nivel estatal, apuntó, algo que sí sucede en Reino Unido, como un añadido al 112. Las iniciativas que en España funcionan dependen en su mayoría de asociaciones y salvo el ‘Teléfono de la Esperanza' no se han implantado a nivel nacional. En este sentido, González Zapico exoresó un “especial agradecimiento” a los voluntarios que atienden el citado teléfono.

En 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez y la entonces ministra de sanidad, María Luisa Carcedo, anunciaron la puesta en marcha de dicha línea telefónica pero no se llegó a poner en marcha. Durante el primer estado de alarma, el Ejecutivo puso en funcionamiento un teléfono de atención psicológica, de carácter más general.

MÁS FORMACIÓN

Junto a este servicio, González Zapico defendió la implantación de una asignatura de educación emocional en todos los colegios, para formar a los ciudadanos y familiarizarlos con esta realidad. Aseguró que Finlandia ha conseguido reducir un 35% su tasa de suicidios con una estrategia basada en la combinación de la educación y la atención de emergencia.

Por otro lado, recordó que en España 10 personas se quitan la vida todos los días y otras 20 lo intentan. “Pedimos a las autoridades públicas una acción decidida para salvar vidas“, reclamó.

A su juicio, “la salud mental y el bienestar psicológico son un derecho, que como tal debe de ser garantizado por el Estado. Esto supone poner la atención a la salud mental en el centro de la agenda política, pues solo así conseguirá los recursos que necesita", prosiguió, y esto implica “un cambio de paradigma, entender que es un asunto que nos afecta a todos”.

En la misma línea se pronunció la presidenta de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Senado, Mayte Fernández, quien defendió “desestigmatizar” estos trastornos. “Hay que normalizarlos”, ser conscientes de que “no todos son graves” pero sí frecuentes, apuntó. De hecho, “muchos se evitarían si en cuanto apareciesen los primeros síntomas” se diese una atención psicológica adecuada en la sanidad pública, agregó. Se trata, en suma, de “democratizar la salud mental”, concluyó Fernández.