Como primera gran cuestión, el Cermi planteó la garantía legal y material de la accesibilidad universal de todos los entornos, productos y servicios, como condición necesaria para que las personas con discapacidad puedan ejercer todos sus derechos fundamentales y libertades públicas.

En la esfera del acceso al mercado de trabajo, se propuso el incremento de la tasa de actividad, en empleos decentes e inclusivos, de personas con discapacidad de un 15%, respecto de los índices actuales, hasta 2030.

En relación con la educación, se propugnó la instauración de un sistema educativo inclusivo en todos los niveles de la enseñanza para las personas con discapacidad, reformando la legislación educativa vigente a fin de “evitar cualquier desigualdad, segregación o exclusión”.

Otra de las demandas que planteó el Cermi fue la aprobación y el despliegue de una estrategia nacional de desinstitucionalización de las personas con discapacidad, que “proporcione un entorno habitacional inclusivo” en el medio social a las personas que ahora se ven forzadas a vivir en espacios institucionalizados. En este mismo sentido, se exigió extender la prestación de asistencia personal entre todas las personas con discapacidad que “precisen apoyos intensos para su autonomía personal”.

Referido a la igualdad, se sugirió realizar una macroencuesta específica sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad con el objetivo de que “aflore esta realidad oculta” y que sirva de base a políticas públicas enérgicas a favor de la integridad e indemnidad de la población femenina con discapacidad.

Finalmente, el Cermi solicitó al Gobierno que la Estrategia de Desarrollo Sostenible incorpore la reforma de la legislación para “derogar el internamiento forzoso por razón de salud mental, así como los tratamientos forzosos por este mismo motivo”.