De ellas, 472 fueron para personal funcionario y 98 para personal laboral con discapacidad general, y 199 se ofrecieron a personas con discapacidad intelectual.

En cuanto a la promoción interna, se reservaron 393 plazas de funcionarios para discapacidad general y 180 para discapacidad intelectual, así como 57 plazas para personal laboral.

Según el informe, estos datos consolidan la tendencia ascendente en la reserva de estas plazas, que ya registró importantes aumentos en 2018 y 2019.

La normativa estatal obliga a que el 7% de la Oferta de Empleo Público esté reservada a personas con discapacidad (un 2% para intelectual y un 5% para el resto).

Esto no significa que las plazas ofertadas coincidan exactamente con las convocadas, ni mucho menos que estas últimas se cubran.

El índice de aprobados de las personas con discapacidad en proporción al número de plazas ofertadas está en línea con el de la población general, salvo en el subgrupo A1, uno de los más altos y más exigentes, donde se suelen presentar muy pocas personas.

Solo tres personas con discapacidad accedieron a estos cuerpos en 2018, y solo una en 2019.

Lo mismo sucede con las plazas reservadas de forma específica a personas con discapacidad intelectual, que muchas veces se quedan sin cubrir.

Por ello, el informe recomienda ala Administración un “mayor esfuerzo” a fin de conseguir “mayor participación” de dichas personas en estos procesos selectivos en el futuro.

Con todo, la AGE adoptó medidas significativas para adaptar los procesos selectivos a las particularidades de las personas con discapacidad intelectual (tiempos, medios técnicos, formato etc.).

El trabajo resalta finalmente que en paralelo a la actuación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas muestran también “una creciente preocupación y esfuerzo” para la incorporación de personas con discapacidad a sus respectivos ámbitos de competencia.