Presentó la iniciativa Cristina Alicia Esteban Calonje, quien aludió a datos del Ministerio del Interior para denunciar que se producen 40 ocupaciones ilegales al día, que en cinco años las denuncias han aumentado un 40% hasta casi 2.000 en 2020. Señaló que un Estado de derecho no puede permitirse que individuos u organizaciones se apropien de viviendas que no les pertenecen y que el derecho a la propiedad es uno d ellos principios rectores del mismo y garantía del orden político y la paz social.

Seguidamente, puso ejemplos de países europeos que desalojan a los okupas inmediatamente con una simple denuncia y lo contrastó con que “España se ha cometido en el paraíso de la ocupación” porque “la ley se pone del lado de los delincuentes”. Lanzando un paralelismo con la situación de La Palma, subrayó que “no hace falta un volcán para destrozar los recuerdos de miles de españoles”.

La diputada de Vox prosiguió señalando que un propietario a quien le ocupan la casa se gasta una media de 30.000 euros en abogados y trámites (400 euros por recurso frente a la otra parte, que según ella se acoge a la justicia gratuita) y que la vivienda se deprecia un 50% por culpa de “una actividad mafiosa”, cuyos beneficiarios “ganan mucho dinero a costa de las familias y cuestan mucho dinero al Estado” por los recursos policiales que le hacen desplegar, de forma que “todos los españoles estamos pagando la ocupación ilegal”.

Esteban criticó también que, si el propietario corta el agua o la luz a los okupas, se considera que está cometiendo un delito de coacción, y, si deja de pagar a la compañía, pasa a un listado de morosos. Citando casos concretos, denunció las secuelas físicas, psicológicas, amenazas y pérdidas de tiempo y esfuerzos que sufren quienes ven ocupada su vivienda, porque son ellos quienes tienen que denunciar y “nadie actúa de oficio”.

Finalmente, la ponente aseguró que “el Gobierno está alentando la ocupación ilegal”, lo cual “contrasta con el cuidado que tienen ustedes, señores comunistas, para que no se acerquen a sus casoplones”, según se adornó mirando a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Para rematar, criticó el escaso 2,5% de vivienda social que hay en España, que también contrastó con la UE, y culpó de ello al bipartidismo, antes de pedir el apoyo al resto de grupos parlamentarios a la iniciativa de Vox.

PSOE, PP Y UNIDAS PODEMOS

Desde el PSOE le contestó el parlamentario Vicent Sarrià acusó a Vox, pero también a PP y Ciudadanos de generar alarma social a costa de lo que sea. “Los que generan inquietud con su propagación de bulos y medias verdades son ustedes”, les afeó, asegurando que España tiene “amplísimos instrumentos” para luchar contra la ocupación, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en este sentido.

Sarrià acusó a los proponentes de confundir usurpación y allanamiento y de ignorar que más del 80% de las ocupaciones son de viviendas de bancos y grandes tenedores, que curiosamente no hacen uso de los recursos legales para expulsar a los okupas. Y lo contrapuso a la “obligación política y moral” de prohibir los desahucios como “medida coyuntural” mientras dure la crisis del coronavirus.

Terminó acusando al PP de no haber hecho política de vivienda, lo que habría provocado la situación actual de personas en riesgo de desahucio, y ahora de sumarse a Vox en su intento de “sembrar catastrofismo”, a diferencia del resto de partidos conservadores de Europa, que, según dijo, no pactan con la ultraderecha.

En nombre del PP, la diputada canaria Ana Zurita comenzó enviando un recuerdo a La Palma y luego rememoró la concentración de víctimas de ocupaciones la semana pasada, porque en ese caso “los delincuentes tienen todos los derechos y ninguna obligación”.

“No son leyendas urbanas. Son historias reales de gente real”, espetó al Gobierno, acusándole de “amparar” y “legalizar” la ocupación de viviendas y avanzando su voto afirmativo a la admisión a trámite de una propuesta, la de Vox, para enmendarla porque le parece insuficiente y se “queda corta”. Según dijo, la ocupación es un fenómeno que se debe afrontar como delito de manera integral modificando seis leyes, como propone el PP en una iniciativa que cree que “resuelve todos los daños colaterales” y echaría a los okupas en 12 horas.

Zurita constató que hay dos casos diferentes. Por un lado, los grupos criminales que se lucran y los movimientos antisistema que ocupan propiedades vacías; y, por otro, y las personas en situación de necesidad que ocupan una vivienda porque no les queda otra. Pero aun así advirtió que la solución para ellos no debe ser a costa de otras personas.

La diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido, acusó a Vox de confundir ocupación/usurpación con allanamiento, delito este último que ocurre cuando se ocupa una vivienda habitada y sí permite actuar de forma rápida. De esa forma, dijo, pretende fabular un peligro que amenazaría a todos los ciudadanos, cuando esto no es así.

“Presentan un escenario delirante que no corresponde para nada con la realidad”, espetó a los proponentes, asegurando que los delitos de este tipo están disminuyendo e interpretando que sólo defendían a los fondos de inversión y su empeño en desahuciar y apoderarse de más viviendas con sus rentas abusivas y beneficiándose de privilegios fiscales.

RESTO DE GRUPOS

La diputada de ERC Pilar Vallugera distinguió usurpación de allanamiento, denunció que la hipoteca te hace pagar el triple del valor de un piso por los intereses y observó que todo el mundo puede en un momento determinado perder su casa por coyunturas económicas, de forma que pasen de ser propietarios de sus pisos a “delincuentes” por ocuparlos cuando ahora pertenecen al banco. “La mayor parte de la gente, con esa legislación, van a ser víctimas”, advirtió. “Esa legislación sólo es para los grandes poseedores”.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, calificó la ocupación como un atentado fundamental a la propiedad privada y a la función social de la propiedad, con daños colaterales a los vecinos. En este sentido, recordó que el PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu ya rechazaron una iniciativa similar de Cs, y corroboró que hacen falta herramientas para recuperar inmediatamente los inmuebles usurpados. “Ustedes nos copian pero sólo un poco”, echó en cara a Vox, por haber incluido el allanamiento pero no la usurpación. Además, le criticó que defendiera la entrada libre de la policía en casas por simples sospechas cuando el Tribunal Constitucional ya rechazó la ‘Ley Corcuera’. “No pronuncien la palabra liberal en vano”, espetó a PP y Vox, afeándoles un “deje autoritario” que no impediría el voto a favor de Cs.

El diputado del PNV Mikel Legarda dijo que el allanamiento y la usurpación son un grave problema para los propietarios y vecinos, pero que no se puede abordar el tema ignorando la posible situación de vulnerabilidad de los okupas, ni acusando al Gobierno de ser indolente en este tema ni relacionando ocupación con inmigración ni alarmando a los ciudadanos. Abogó por vías judiciales más que policiales y por distinguir los medios violentos de los no violentos de usurpación, de forma que los juicios rápidos se limitarían a los primeros. Por todo ello, avanzó su rechazo a la toma en consideración de la proposición.

El portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, que adelantó su rechazo a la propuesta como a cualquiera de Vox, calificó la ocupación de “falso dilema” y la iniciativa de “doctrina rancia” y “securocracia” para no hablar de los temas reales. Luego preguntó si aumentar la autoridad de la policía y las penas de cárcel frente a la presunción de inocencia solucionará el problema de la vivienda, al entender que la iniciativa permite actuar contra simples indicios. “Hacen que nos fijemos en un árbol para que no veamos el bosque”, concluyó, asegurando que el allanamiento de morada sí se persigue y los datos de este delito están disminuyendo.

Dentro del Grupo Plural, Josep Pagès (JxCat) se mostró en contra de la forma “populista” en que Vox afrontaba el tema y defendió en su lugar modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, limitar la protección a personas individuales, no jurídicas, y dar una solución habitacional a los desahuciados. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, acusó a Vox de “fomentar el miedo, proteger los intereses de los bancos, los fondos buitre y las empresas de seguridad”. Y el de Más País, Íñigo Errejón, dijo que la iniciativa, como el grupo que la propone, “es fuerte con los débiles y débil con los fuertes”, y catalogó como bandas extranjeras a los fondos de inversión que hostigan a los españoles pero nunca reciben reproches de Vox.

Desde el Grupo Mixto, Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) mostró su acuerdo con la proposición, señalando que la instrucción de la Fiscalía acerca de los delitos de allanamiento de morada ha sido de escasa eficacia, y culpando al PSOE y Unidas Podemos de desentenderse del problema. En cambio, Mireia Vehí (CUP) aseguró que “las ocupaciones de casas son pocas y, si las hay son de bancos”, por lo que concluyó que Vox es “el partido de los ricos”, preguntó si ocupar una casa por necesidad y sufrir un desahucio es un chollo y terminó llamando a repartir las casas de los “fondos buitre”.