En una conversación con Servimedia, la portavoz nacional de USCA, Susana Romero, denunció que los controladores aéreos pasan por una situación “surrealista y esperpéntica” que es “tan grave” como para plantearse la huelga, aunque reconoció que quieren llegar a un acuerdo y evitar este escenario por la “impopularidad” de la medida y las consecuencias que acarrea para usuarios y trabajadores.

Por el momento, el sindicato ha dado a Enaire hasta el próximo el 19 de noviembre para rectificar. En un hipotético escenario en el que no hubiese cambios, USCA amenaza con llevar a cabo medidas sindicales que podrían afectar al curso del tráfico aéreo a las puertas de la Navidad.

El choque entre Enaire y USCA se remonta al 7 de agosto, fecha en la que la compañía comunicó a un número de empleados la tramitación de su jubilación forzosa. La empresa justificó esta decisión en la Ley 9/2010, una reforma que se redactó tras la crisis de los controladores aéreos en 2010 y que fijó la edad máxima de los trabajadores en plantilla en los 65 años, sin ningún tipo de excepción.

Entonces, los 65 años correspondían con la edad de jubilación establecida por la ley. Sin embargo, la edad mínima para retirarse en términos laborales ha aumentado de forma progresiva durante la última década, hasta alcanzar los 67 años.

La reforma de la legislación laboral, sumada al hecho de que el texto aprobado en 2010 no ha sufrido ningún tipo de modificación, han dado lugar al conflicto entre ambas partes, ya que la empresa ha rescindido el contrato a todos los trabajadores que han cumplido los 65 años –alegando que está obligada a realizar esas jubilaciones forzosas– cuando muchos de ellos no suman los años de cotización mínimos requeridos para optar a su pensión, que sería de 37 años y tres meses.

Como consecuencia de estas circunstancias, hasta 17 trabajadores se han quedado sin pensión y sin ningún tipo de prestación, ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no reconoce las acciones de Enaire como despidos, por lo que no tienen derecho a solicitar el paro ni a reclamar una indemnización.

Según Romero, Enaire les ha reconocido su “metedura de pata” y ha iniciado un proceso con todos los ministerios implicados para buscar una solución que revierta la situación.

Desde el sindicato confían en las palabras procedentes de la empresa, pero mantienen la advertencia de que una vez pasen 30 días desde la celebración de su congreso nacional, que se celebró el pasado 20 de octubre, convocarán una asamblea entre sus afiliados para votar las medidas que aplicarán para ejercer presión sobre la compañía pública.

“No podemos admitir que haya gente que, después de trabajar toda una vida, sea despedida sin ningún tipo de prestación o pensión”, afirmó Romero, para después opinar que la posición del sindicato es “más que generosa”. “Nos garantizaron que estaban buscando una solución, pero no podemos esperar ‘sine die’”, concluyó la sindicalista.

En paralelo, Romero recriminó a Enaire que comunicara las rescisiones de contrato a través de un burofax y “sin previo aviso” a las organizaciones sindicales. “No conocemos ningún otro colectivo ni público ni privado, ni en nuestro país ni en otro de nuestro entorno, que esté viviendo una situación tan surrealista y esperpéntica. Ya no es solo lo que han hecho, sino cómo lo han hecho”, concluyó.