A juicio de esta organización agraria, la reforma de la Política Agraria Común en mayo, e preacuerdo entre la CE y Estados Unidos en el marco del GATT y la plena integración de la agricultura española en el marco comunitario, no solucionarán los problemas de rentas de los agricultores españoles.

Para UPA, la reforma de la PAC no abordó la redistribución equitativa del gasto agrario entre productores y regiones europeas, ya que a su juicio se mantiene casi invariable el que el 80 por ciento de las ayudas públicas lo perciban el 20 por ciento de los productores.

El preacuerdo del GATT ambién es "negativo" para España porque limita las posibilidades de expansióndel cultivo del girasol, y "podría provocar una entrada masiva en nuestro mercado interior de producciones agrarias excedentarias procedentes de Francia".

Por último, el Mercado Unico, aunque tiene ventajas para determinadas exportaciones españolas de frutas y hortalizas, supone según UPA la liberalización de leche líquida, carne de vacuno y remolacha, "que puede hundir dichos sectores".

Para la organización agraria, ests medidas se ven agravadas por la política del Gobierno, que "se ha basado en la práctica en dejar a la libertad de mercado el futuro del sector agrario", concretada en la "rídicula" dotación presupuestaria para las medidas de acompañamiento de la PAC (jubilaciones anticipadas, reforestación y medidas mediambientales), 3.000 millones para 1993.

La UPA denunció además que los resultados agrícolas de 1991 se agravarán durante 1992, debido a la sequía, que la Administración española no ha compensado econmicamente, ni tampoco ha solicitado ayudas comunitarias para paliarla.

Por ello, este sindicato agrario solicitó un giro de la actual política agraria que conlleva una dotación presupuestaria acorde "con el volumen de problemas existentes" y una "discriminación positiva" para los pequeños y medianos agricultores.