Estos son algunos de los aspectos de las 65 enmiendas registradas por ERC y que se suman a las ya presentadas juntamente con otros grupos sobre este proyecto del Ejecutivo que está en trámite parlamentario.

Según informa la formación republicana, se insta a que la nueva ley también contemple la declaración de ilegalidad de los órganos y tribunales del franquismo, así como el corpus legal promulgado durante la dictadura, es decir, las sentencias dictadas por dichos órganos.

En este sentido, ERC propone cambiar el articulado y que se explique que “la declaración de nulidad comporta el reconocimiento del derecho a la reparación económica correspondiente al daño material y moral producido por las sentencias, resoluciones y todo tipo de actos administrativos que se anulan. Asimismo, dicha declaración de nulidad debe hacerse constar en el expediente judicial de la causa anulada”.

Para esta formación “es imprescindible que el reconocimiento conlleve reparación”, por lo que insta a que la ley, en plazo máximo de 2 años, también reconozca el derecho a las reclamaciones patrimoniales de las víctimas y proceda a la devolución de bienes, patrimonio, etc., a sus legítimos propietarios y/o sus sucesores en derecho, incluidos entre ellos los partidos políticos y personas jurídicas.

También reclama la extensión de las reclamaciones a los entes privados que se lucraron durante la dictadura con la mano de obra de los represaliados.

Pide, asimismo, el reconocimiento como víctimas de quienes lucharon por el asentamiento de un sistema democrático también durante la transición y fijar el derecho a ser reconocido como víctima para los represaliados hasta el 31 de diciembre de 1982. Para esta formación, según consta en la enmienda, es “imprescindible extender más allá del período estrictamente de la Guerra y Dictadura hasta la consolidación del sistema democrático en 1982”.

También defiende ERC la necesidad de que la ley reconozca las responsabilidades e implicación de la Iglesia Católica en la reparación a las víctimas a tenor de su papel como colaborador necesario del Régimen.

Así, apuesta por que, “en el plazo de 12 meses transcurridos desde la entrada en vigor de la presente Ley se creará una comisión participada por el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española -o el organismo que el máximo órgano representante de la Iglesia Católica determine- destinada al trabajo conjunto a fin y a efecto de esclarecer las responsabilidades morales y económicas que tuvieron los estamentos eclesiásticos para con el trato en relación con las mujeres y niños durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura. Asimismo, la misma comisión, creará espacios dirigidos al estudio, divulgación de los hechos acaecidos, así como sus las consiguientes propuestas de reparación".

Entre otras de las enmiendas, ERC aboga por la supresión de títulos y privilegios otorgados por el Régimen de manera que, “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y con arreglo a los correspondientes procedimientos, procederán, en el plazo de un año, a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personajes ligados al régimen franquista y condecoraciones por hechos de colaboración con el franquismo o por vulneración de derechos fundamentales, procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas que lo certifiquen, así como a la retirada de placas y todo tipo de referencias a la concesión de dichas distinciones”.