A su juicio, los 55,85 millones de euros previstos para nuevas plazas residenciales y los 113,87 millones que se planean invertir en la construcción de nuevos equipamientos ”no permitirán solucionar el problema de las listas de espera”.

Señaló que, solo en el sector de la discapacidad intelectual, se precisaría una inversión de 113,5 millones de euros a fin de solucionar el problema en una legislatura. Para Carles Campuzao, director de Dincat, “hace falta un compromiso más firme y decidido para establecer un plan de inversiones que esté a la altura, ya que las personas con discapacidad intelectual y sus familias no pueden esperar más”, recalcó.

Por otro lado, reclamó aumentar la financiación por parte del departamento de Derechos sociales a las plazas residenciales concertadas, tanto en el sector de la discapacidad como en el de atención a personas mayores y demás colectivos. Tras diez años de recortes y congelación de los módulos, las recientes mejoras no son suficientes, subrayó.

Por último, Dincat pidió mejorar la financiación pública de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, que tras el aumento del salario mínimo interprofesional “ven amenazada su viabilidad”.

La confederación no critica el incremento del SMI, que considera “una conquista de los trabajadores”, pero sí pide una mejora en las subvenciones que las administraciones para este tipo de trabajo protegido.