Así lo declaró la entidad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, en un manifiesto que recoge las principales reivindicaciones de las mujeres y niñas con discapacidad.

Tal y como señalaron, en el contexto de la pandemia provocada por la Covid-19, las políticas de emergencia llevadas a cabo contra la violencia hacia las mujeres “han olvidado una vez más” a las mujeres con discapacidad en términos de acceso a la justicia, un principio básico del Estado de derecho e instrumento “esencial” para ejercer de manera efectiva los derechos humanos, así como resarcir y reconocer a las víctimas y hacer frente a la discriminación y la violencia.

“Las mujeres con discapacidad seguimos enfrentándonos a un sistema judicial tremendamente patriarcal y capacitista”, explicaron desde la FCM. En concreto, la entidad se refirió a “las barreras mentales que jueces, fiscales, especialistas en derecho y personal policial imponen en su práctica profesional a las pocas mujeres con discapacidad que se animan a denunciar la violación de sus derechos ante la justicia”.

En este sentido, aseguraron que el personal judicial “a menudo es reacio a dar crédito a los testimonios de las mujeres con discapacidad”, del mismo modo que tampoco suele abrir causas de violencia contra ellas, ya que este trámite puede exigir más recursos.

“El formalismo excesivo en los procesos, acompañado de un lenguaje diferente y específico que resulta lejano y desconocido para la mayoría de la ciudadanía, colaboran a alejar los procedimientos legales del entendimiento del común de las mujeres con discapacidad, y más aun de aquellas que presentan una discapacidad intelectual o psicosocial”, sostuvieron desde la FCM.

En este mismo sentido, señalaron el coste de la representación y el asesoramiento jurídico como otros de los principales obstáculos para el acceso a la justicia, pese a que son “un componente central de las estrategias” destinadas a ello y aun cuando en España está reconocido el acceso a la justicia gratuita para algunos casos concretos.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

En este contexto, la Fundación Cermi Mujeres reclamó la puesta en marcha de una macroencuesta que reflejen cómo afecta la violencia contra las mujeres específicamente a aquellas con discapacidad, así como el impulso de campañas y materiales informativos de sensibilización.

También exigió que se garantice el acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad, asegurando la plena accesibilidad de todas las garantías procesales, el acceso a la información, a la comunicación y a la asistencia humana y tecnologías de apoyo.

Otro de los reclamos pasó por la puesta en marcha de acciones de formación a todos los actores judiciales, la creación y dotación de recursos adecuados a los juzgados especializados en violencia machista y el impulso de un turno de oficio especializado en protección jurídica de las personas con discapacidad con enfoque de género.

Por último, exigieron el desarrollo de protocolos de actuación interinstitucional y la implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad, con el objetivo de evitar su victimización secundaria.