Asimismo, el presidente ha acordado para el lunes 13 de diciembre la celebración de Sala Primera y Sala Segunda, cuyos órdenes del día también se publicarán en la página web del Tribunal. Este será el primer pleno presidido por González Trevijano tras su elección la pasada semana.

El orden del día de ese primer Pleno dará un idea de las intenciones del tribunal para los próximos meses y tras la renovación de cuatro de sus miembros que permitirá mantener la mayoría conservadora hasta el próximo mes de junio en que se renovará otro tercio del TC y, con probabilidad, cambiará la mayoría, que pasará a ser progresista.

No está claro si en estos meses se desatará una carrera para dictaminar sobre los recursos del PP y Vox contra las leyes y decretos leyes del Gobierno de coalición. Dentro de siete meses se renovará a otros cuatro magistrados: dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros dos nombrados por el Gobierno, lo que cambiará las mayorías actuales de 7 magistrados conservadores por cinco progresistas.

Para que esa renovación se produzca, antes tiene que renovarse el CGPJ porque la última reforma impulsadas por el PSOE y Unidas Podemos impide que un Consejo en funciones pueda realizar nombramientos.

La determinación del orden del día la decide el presidente recién nombrado, conservador, que además tiene la potestad de repartir los asuntos entre las dos Salas con las que cuenta el Constitucional. Por eso, este primer orden del día revelará si hay una voluntad de tumbar las principales leyes que da soporte a las políticas del Gobierno.

Están sobre la mesa los recursos sobre las leyes relativas al aborto, la subvención a los colegios que segregan por sexo o la eutanasia. Hasta ahora, el tribunal ha tumbado los dos estados de alarma para afrontar la pandemia y el cierre del Congreso en ese período y tendrá también que pronunciarse sobre el reparto de los fondos europeos, la ley antidesahucios o la subida del Impuestos de Patrimonio.

En la renovación de la semana pasada salieron del TC los magistrados Andrés Ollero, Encarnación Roca, Juan José González Rivas y Fernando Valdés. En su lugar ingresan los conservadores Concepción Espejel y Enrique Arnaldo y los progresistas Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez.

El relevo implica, por ejemplo, que la ponencia sobre la Ley del Aborto tendrá que ser asignada a uno de los nuevos miembros porque estaba en manos de Ollero, un magistrado considerado muy conservador y uno de los salientes. El TC asigna el asunto en estos casos por un criterio de edad, de manera que será Enrique Arnaldo, el que se hará cargo de la ponencia.

La ley de plazos fue aprobada bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue recurrida por el PP en 2010. La ponencia ha pasado por varias manos y ha cambiado de criterio con ello. Se espera que sea uno de los primeros asuntos a tratar por el pleno del TC. Arnaldo se ha pronunciado profusamente sobre este asunto en publicaciones y artículos. En uno de ellos, de 15 de marzo del 2009 aseguró que esa ley era una mera “ocurrencia” y la comparó con un “ucase” que era un edicto arbitrario de los zares rusos, pese a haber sido respaldada mayoritariamente por el Parlamento.

También está sobre la mesa la ‘ley Celaa’ que prohibía las ayudas públicas y los conciertos educativos con los colegios que segregan por sexos y la cesión de suelo público para la construcción de colegios concertados. reciban ayudas y conciertos públicos. Los ponentes también son conservadores. Se trata de los magistrados Ricardo Enríquez y Antonio Narváez.

Pendiente están también los recursos del PP y de Vox contra la recién aprobada ley de Eutanasia, cuyas ponencias corren a cargo de los magistrados progresistas Cándido Conde Pumpido y Ramón Sáez.

Fuentes del tribunal aseguran, no obstante, que González Trevijano tiene como prioridad la recuperación del prestigio de la institución y tratar de lograr acuerdos que restañen la abierta división de sus miembros. Bajo ese criterio, el presidente tratará de llevar a pleno sólo los asuntos que hayan logrado un acercamiento de posturas para su deliberación.

El TC también tiene que pronunciarse sobre el acuerdo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que permitió fórmulas de acatamiento poco ortodoxas en la toma de posesión del escaño que, de ser tumbado, dejaría en el aire el escaño de varias decenas de diputados y senadores. Este acuerdo fue recurrido por el PP, Vox y Ciudadanos. Además, el TC debe pronunciarse sobre la reforma del CGPJ que le impide realizar nombramientos en caso de estar en funciones.