Con motivo del Día de los Derechos Humanos que se celebra hoy, la Confederación advirtió del riesgo que la aprobación de este texto supone contra los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, puesto que atenta contra ellos de forma directa. Reclamó, por tanto, "no dar pasos atrás en la defensa de los derechos del colectivo", y pidió que España rechace el texto.

Se trata de un texto que comenzó a redactarse en 2013, cuando el Comité de Bioética del Consejo de Europa decidió incluir y protocolarizar las medidas de ingreso y tratamientos involuntarios, lo que, para esta organización, implica "una vulneración de derechos para las personas con trastorno mental".

El documento entra en contradicción con varios artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que los países firmantes, entre ellos España, están obligados a cumplir, indicó.

El pasado mes de noviembre, la mayoría de los miembros de este Comité acordó enviar el proyecto de Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo al Comité de Ministros del Consejo de Europa para su decisión. Ante este avance, Salud Mental España denuncia que el texto responde a "un modelo biologicista que permite y avala prácticas coercitivas que pueden llegar a constituir tortura".

“Las medidas de control y coerción no son, ni serán nunca, medidas terapéuticas, ni se pueden confundir con tratamiento”, apuntó Nel González Zapico, presidente de Salud Mental España. “Lo que necesitamos es desarrollar medidas alternativas desde un enfoque de derechos humanos, para poner fin a la coerción en el ámbito de la salud mental”, agregó González.

Bajo la etiqueta #DerechoaNuestrosDerechos, la Confederación denuncia que, cada día, se producen vulneraciones de derechos de las personas con problemas de salud mental, como las contenciones mecánicas, la falta de atención a la conducta suicida o la elevada tasa de desempleo.