Al tratarse de un proyecto de ley que fue convalidado por el congreso el pasado 8 de marzo, las enmiendas deben presentar texto alternativo.

La del PSOE propone la creación de un fondo para el fomento del empleo, con el objetivo de conceder crédito a aquellas pymes que realicen un contrato indefinido.

Este fondo contaría con una dotación inicial de 1.000 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, recibiría aportaciones de grandes empresas y podría captar recursos a través de las entidades españolas que acceden a los créditos que da el Banco Central Europeo (BCE) al 1% de interés.

En su enmienda, IU aboga por prohibir la existencia de las agencias de colocación con fines lucrativos y propone introducir cambios en la contratación, estableciendo que todos los contratos serán por tiempo indefinido salvo aquellos para los que "existan causas para su temporalidad".

En concreto, señala que las causas que permitirían formalizar un contrato temporal serán las de la realización de una obra o servicio determinado, por un incremento de la carga de trabajo que no fuera previsible, o para sustituir a un empleado con derecho a reserva del puesto de trabajo.

El eje básico de la propuesta de UPyD en esta materia es el reconocimiento de la formación profesional como un derecho individual, facilitando a los trabajadores la opción de un permiso retribuido con fines formativos, y al mismo tiempo como una obligación del trabajador a formarse, para garantizar que realmente mejora su capacidad productiva y su empleabilidad.

Por su parte, ERC quiere poner en evidencia que resulta compatible adoptar medidas que fomenten la adaptabilidad y flexibilidad en la empresa, la creación de empleo y el crecimiento económico, con el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y el BNG señala que la reforma persigue provocar una mayor precariedad y una desregulación en las relaciones laborales.