En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, Homs pronosticó que en las conversaciones entre los grupos partidarios de la consulta no habrá "novedades en los próximos días o incluso en las próximas semanas".

El portavoz reiteró en este sentido el planteamiento del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de que las elecciones adelantadas tendrían que ser a modo del referéndum que no le deja convocar el Estado, porque de otro modo "las elecciones tocan en 2016".

Al avanzar que no habrá novedades en las conversaciones entre los partidos soberanistas y ser la lista única por la independencia la condición sine qua non de la convocatoria anticipada de elecciones, Homs dejó entrever que Mas no las convocará en el entorno de las navidades, un escenario que barajó el presidente de la Generalitat hace unos días.

El portavoz del Gobierno catalán aseguró que éste está centrado en llevar adelante el resto de compromisos de legislatura, incluida la aprobación de los presupuestos, aunque admitió que esto sea difícil en minoría parlamentaria tras perder el apoyo de ERC.

A este partido, sin nombrarle, le reprochó además que esté situado en "escenario de elecciones", cuando éstas tocan en 2016 si no se acuerda la lista única que propuso Mas y descartó el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras.

Sobre los presupuestos, que se debatirán en el Parlamento catalán la semana que viene, Homs advirtió de que si no se aprueban se planteará "un gran interrogante" sobre la paga extra que deberían recuperar los funcionarios, sobre los interinos y sobre la inversión, y que si no hay una nueva ley, prorrogar las cuentas de 2014 no prevé la seguridad jurídica de poder introducir "pequeñas mejoras". En esa línea, pidió a todos los grupos parlamentarios que hagan el análisis oportuno con "responsabilidad" y asumiendo las "consecuencias".

Por su parte, al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, quien volvió a pedir "sentido común" al Ejecutivo catalán, Homs le reclamó a su vez que España cumpla la ley que a su juicio avala la consulta y sus compromisos internacionales como Estado, y que tenga el "sentido común" necesario para respetar la mínima lógica del autogobierno.