Así se expresó Solà en el Foro de Fundaciones de las Empresas Energéticas, un evento informativo organizado por Servimedia y ‘El Periódico de las Fundaciones’, en el que participaron también el director general de la Fundación Repsol, césar Gallo; el director general de la Fundación Endesa, José Antonio Gutiérrez, y el secretario del Patronato de la Fundación Iberdrola, Santiago Martínez.

A este respecto, Solà denunció que España aplica uno de los tipos impositivos más altos al gas y la electricidad en el marco europeo, ya que frente al 21% de IVA cobrado en este país, Reino Unido aplica un 5%, Bélgica un 6% y Grecia e Irlanda un 13%.

“Esto es algo que incide en la pobreza energética”, añadió Solà, quien recordó que el 56% de la factura se destina al pago de impuestos y no a la retribución de actividades vinculadas con la producción, el transporte o la distribución de la energía.

En esa línea, sostuvo que la pobreza energética es un tema que “no solo las empresas energéticas pueden solucionarlo”, ya que además del precio de la energía está determinado por los ingresos de las familias y el aislamiento de las viviendas.

En cuanto a la labor de su fundación en esta materia, explicó que actualmente está analizando medidas en distintas mesas en el entorno de Barcelona y destacó que su compañía permite aplazar el pago de la factura a determinados clientes con dificultades.

Por su parte, su homólogo en Repsol, César Gallo, explicó que en su caso la fundación está llevando a cabo estudios para conocer el impacto en el consumo eléctrico de los hogares de distintos comportamientos y explicó que dentro de sus programas de voluntariado hay algunos orientados a ayudar a mejorar la eficiencia energética de familias con pocos recursos.

Asimismo, la Fundación Endesa tiene programas similares para familias con escasos recursos en la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) y en Aragón, según explicó José Antonio Gutiérrez.

Por último, Santiago Martínez recordó que las comercializadoras eléctricas son las que financian el Bono social que se aplica a algunos consumidores y que Iberdrola, Endesa y gas Natural Fenosa aportan el 90% de los cerca de 40 millones de euros anuales que supone esta medida.