Así lo apuntó el secretario general y portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo, en el marco de la Asamblea Plenaria de los obispos celebrada esta semana en Madrid, en la que los prelados abordaron asuntos como el terrorismo internacional, el 'motu propio' del Papa sobre la nulidad matrimonial, el nuevo plan pastoral y los presupuestos del fondo común interdiocesano para 2016.

“Estamos en tiempos de campaña electoral, hay que saber entender los lenguajes”, manifestó, recordando que algunos de los políticos y votantes que defienden la laicidad del Estado llevan a sus hijos a colegios católicos.

“La gente puede manifestar deseos. La Constitución habla en otro sentido. Habría que reforzarla”, añadió, recordando asimismo que, en lo referente a la religión en la educación, deben primar el derecho de los padres y los acuerdos internacionales vigentes.

Asimismo, Gil Tamayo anunció que la Conferencia Episcopal celebrará en 2016 su 50º aniversario y que en todo este tiempo la Iglesia está “muy a gusto en nuestro sistema de libertades y convivencia democrática”, a la vez que ha desempeñado un importante papel “en la recuperación de las libertades” tanto en la Transición como en la “cohesión” del país, hasta el punto de que “la inmensa mayoría de las cuestiones que reflejan los acuerdos es hoy de uso común a otras confesiones religiosas con las que ha llegado a acuerdo el Estado”.

NULIDAD GRATUITA

Sobre el 'motu propio' del Papa para acelerar los procesos de nulidad matrimonial, la CEE brinda su ayuda a los obispos para que lo pongan en marcha en sus diócesis y “facilitar” que se imparta justicia de manera “asequible”.

El portavoz destacó que casi la mitad de los tribunales eclesiásticos “son gratuitos” actualmente, aunque estas cuestiones “llaman más la atención” cuando están protagonizadas por “famosos”.

Los prelados recalcan que el matrimonio es indisoluble, aunque los fieles con dudas de si su matrimonio fue nulo pueden acudir a la Iglesia “con justicia”. “No es un divorcio católico”, recalcó.

TRANSPARENCIA

Los obispos, que también dicen trabajar por “una línea de buenas prácticas y transparencia en todos los ámbitos económicos”, han aprobado estos días el Fondo Común Interdicocesano para 2016. Según Fernando Giménez Barricocanal, que ha sido refrendado en el puesto de vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE para el próximo lustro, las cifras serán similares a las del último ejercicio, a la espera de que el Gobierno confirme los datos actualizados de la última campaña del IRPF.

Así, el fondo contará con unos 264 millones de euros, la mayoría de ellos (unos 248,5) procedentes de la asignación tributaria y el resto (más de 15 millones) aportados por las distintas diócesis.

Según las previsiones de la CEE, la mayoría del dinero se enviará a las diócesis para su sostenimiento (215 millones), se destinarán 17 millones para pagar la seguridad social del clero y prestaciones sociales y 2,3 millones a pagar a los obispos. Las Cáritas diocesanas recibirán 6,2 millones de euros y más de 4 se destinarán a rehabilitación y construcción de templos.