Ignacio Gil Lázaro preguntó una semana más en la sesión del control del Congreso por el "caso Faisán", aunque por segunda semana tuvo que dirigir sus requerimientos al titular de Justicia y no al de Interior.

Tras advertir que "nada ni nadie" va a callar al PP en relación con el chivatazo mientras no se conozca toda la verdad de los sucedido, señaló nuevamente al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como "las equis políticas" de este caso.

Denunció que el Ejecutivo está "tratando por todos los medios de impedir el avance de los tribunales" y le acusó de "intentar comprar el silencio del ex director general de la Policía" con su nombramiento al frente de Caja Vital.

Gil Lázaro reprochó al Gobierno su interés por dejar "impune" este caso y en ese marco encuadró la "elocuencia" de Zapatero y Rubalcaba en la defensa del juez Baltasar Garzón, que pretende ser "elemento de presión ante los jueces para evitar la suspensión de funciones del magistrado porque entonces quedaría fuera del control político" del Ejecutivo, según afirmó.

Tanto el presidente como el ministro de Interior, dijo el diputado popular, "saben que si se dictan autos de procesamiento habría una situación muy complicada para ambos" y es por ello que "el Gobierno trata de impedir que los tribunales actuen con independencia" y de lograr que "el chivatazo acabe en carpetazo".

Por su parte, Caamaño le dijo que "cuando se utiliza la brocha gorda para lanzar una sospecha, enturbiar la instituciones del Estado y minar el prestigio de quienes trabajan día a día" en los tribunales, "lo único que se consigue es un muy mal resultado para la democracia".

El ministro estima que los populares "le han cogido gusto a la brocha", por lo que les pidió que se den "una tregua" y actuen "con responsabilidad", dejando trabajar a lo jueces "sin interferir" en su tarea.

"Interferir con asuntos judiciales es lo que hacen ustedes", le espetó el ministro, "pues bien, en nuestro Estado de Derecho la verdad procesal la deciden los jueces y los tribunales no el Partido Popular".