Según informó este lunes Famma en un comunicado, por este motivo las dos entidades se han reunido con representantes del PP en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea de Madrid, con el fin de buscar una solución a la situación en la que se encuentran muchas comunidades de vecinos, al no disponer de financiación o no, al menos, de la que se había prometido en su momento para la instalación de estos mecanismos.

Ambas entidades proponen al PP que impulse esta modificación mediante una proposición no de ley que los populares, según Famma, se comprometieron a tramitar para mejorar esta situación.

Y es que, explicó la federación, en 2012 se aprobó una modificación normativa que supuso que se dejaran de reconocer este tipo de ayudas.

Además de acumularse retrasos en el abono de las ayudas ya preconcedidas a distintas comunidades de propietarios, prosiguió, “se redujeron las cuantías prometidas por la Administración desde los 50.000 euros a apenas 15.000 euros”, lo que ha conllevado que “muchas comunidades vecinales de la región presenten un elevado endeudamiento a día de hoy”.

Este tipo de ayudas, concedidas entre 2007 y 2012 y enmarcadas en el denominado Plan Renove de Ascensores de la Comunidad de Madrid, sufragaban, en algunos casos, hasta el 70% del coste de instalación de un elevador, por un importe máximo de 50.000 euros.

En virtud de este plan, la Administración concedió ayudas por un valor total de 62 millones de euros, aunque tuvieron los propietarios que adelantar el dinero para la instalación del ascensor.

No obstante, asegura la entidad, debido al cambio normativo y en los presupuestos de la región, hubo peticiones de ayuda económica de comunidades realizadas en el marco de ese plan que nunca llegaron a materializarse, al no percibir las comunidades la cuantía prometida.

Por todo esto, Famma y la Fravm solicitan ahora que se reforme el artículo 20 de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica.

Este artículo señala que a partir de la entrada en vigor de la ley citada con anterioridad “no podrán reconocerse ayudas económicas al amparo de lo establecido en los Decretos 11/2001, de 25 de enero, y Decreto 12/2005, de 27 de enero, a excepción de lo previsto para las vigentes Áreas de Rehabilitación declaradas con arreglo a Planes estatales, y cuya financiación haya sido aprobada mediante Acuerdos de Comisión Bilateral”.

También establece que “el importe de las subvenciones para la instalación de ascensor que se reconozcan a partir de la entrada en vigor de la presente ley no superará el 25 por 100 del coste real de su instalación con el límite de 15.000 euros por ascensor”.

Tanto Famma como la Fravm aseguran que “si no hay respuesta y no se solventa esta situación, que afecta a miles de familias en la Comunidad de Madrid, en un breve plazo de tiempo se elevará esta cuestión al siguiente partido con mayor representación parlamentaria en la Comunidad de Madrid, y al resto de grupos parlamentarios”.