Así lo recoge el organismo que gobierna Luis Linde en su último ‘Boletín Económico’, correspondiente a febrero y publicado este miércoles, en el que incluye un artículo sobre ‘El acceso a la financiación de los mercados por parte de la administración regional’.

El supervisor explica que el diferente grado de participación de las comunidades en los mecanismos de financiación hasta finales de 2014 ha producido una evolución “diferenciada en su dinámica de acceso a los mercados de capitales”.

De esta manera, las que participaron en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) original (como Andalucía, Cataluña o Valencia) pasaron entre 2011 y 2014 a emitir niveles “muy reducidos” de deuda o a no emitir.

Mientras, las que no participaron (como Madrid, Galicia o País Vasco) mantuvieron entre 2012 y 2014 unos niveles de emisiones “similares o superiores” a los observados en 2011, lo que reflejaría los mayores niveles de deuda pública que refinanciar en los años más recientes.

Por su parte, en 2015 disminuyeron las emisiones en general, “probablemente” por la implantación del nuevo Fondo de Financiación Autonómica, al que se han adherido todas las comunidades de régimen común.

“De cara al futuro, y dado su el carácter excepcional o de apoyo a la liquidez, es esperable que las comunidades converjan de manera gradual, en el medio plazo, hacia un sistema en el que vuelvan a adoptar un papel más activo en la captación de fondos en los mercados de capitales”, expuso el supervisor.

Desde el Banco de España recordaron que el marco español cuenta con una cláusula de “no rescate” por parte del Gobierno central que resulta “necesaria” para garantizar el potencial efecto disciplinador de los mercados, y a la vez admite que las comunidades soliciten al Estado el acceso a dichas medidas y mecanismos, sujetas a condicionalidad.

Según la institución, la prolongación en el tiempo de estos mecanismos resalta de hecho la necesidad de que se apliquen de manera estricta los elementos explícitos de condicionalidad sobre la actuación presupuestaria de las administraciones afectadas para que estos mecanismos de apoyo “no generen incentivos a políticas presupuestarias inadecuadas”.

Además, apunta que las reglas fiscales recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria buscan cumplir un doble papel: generar márgenes de maniobra presupuestarios ex ante para evitar la materialización de crisis fiscales y definir las pautas de corrección ex post de los desequilibrios presupuestarios en caso de que estos acaben surgiendo.

En relación con éstos últimos, subraya, resulta importante la aplicación “rigurosa” de los mecanismos de corrección cuando se producen los desequilibrios. Respecto a los primeros, considera que “podría estudiarse la posibilidad de diseñar fondos de reserva con aportaciones regulares en períodos de bonanza económica”.

Por último, afirma que existe evidencia que muestra que, para mantener la disciplina fiscal de las administraciones subcentrales, es importante que exista una relación estrecha entre las competencias de ingresos y de gastos.

Por tanto, desde este punto de vista, el Banco de España cree que podría resultar “adecuado” reforzar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, si bien la cesión de impuestos por sí misma no es suficiente para garantizar la disciplina fiscal y evitar el problema de la restricción presupuestaria “blanda” que puede surgir en su ausencia.