La exconsejera, para la que la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación, explicó que informó a su departamento de que el proceso de consulta se realizaría físicamente utilizando la infraestructura de centros educativos de la Generalitat y que todo el proceso estaría a cargo de voluntarios.

Irene Rigau explicó que los voluntarios vinculados al sistema educativo se registraron para contribuir a la organización de las votaciones y negó cualquier tipo de “coacción” hacia responsables de centros educativos para abrir el 9-N. De hecho, dijo, “en Cataluña hay una gran tradición de voluntariado, que quedó patente, por ejemplo, con el hundimiento del 'Prestige'”.

Tras asumir “absolutamente” todo lo declarado por su predecesores, Artur Mas y Joana Ortega, insistió en que "se informó del uso que se haría de los institutos" a la comunidad educativa y en que no recibió ninguna advertencia sobre las consecuencias de organizar la consulta.