Así lo afirma el magistrado emérito del Tribunal Supremo y único miembro español de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, José Antonio Martín Pallín, quien advierte de que las torturas “siguen siendo un problema”, ya que las denuncias presentadas a la fiscalía “son solo la punta del iceberg”.

Junto a este hecho, el magistrado se refirió a la continuación de la banda terrorista ETA, que supone “una importante amenaza a los derechos humanos en España, sobre todo en el País Vasco”.

También apunta que “existen muchas dificultades a la investigación de las denuncias de tortura”, y el hecho de que en aquellos lugares donde se han instalado cámaras y otros mecanismos de prevención (Cataluña y Euskadi) las denuncias hayan disminuido así lo demuestra.

Además, Martín Pallín criticó que España “es uno de los cuatro países europeos que ni se toma la molestia de documentar los incidentes racistas”, y asegura que se han detectado casos de violaciones de derechos humanos a menores en los centros de internamiento.

SITUACIÓN EN EL MUNDO

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, afirma, por su parte, que “este (2009) ha sido un año histórico en la consecución de la justicia universal”, en el que se han dictado órdenes contra el presidente de Sudán o el ex presidente peruano Alberto Fujimori.

Sin embargo, advirtió de que dicho avance corre un serio riesgo por “la politización de la justicia, la negativa de grandes países a aceptar el Tribunal Internacional de la Haya, la impunidad de las grandes empresas y una supuesta solidaridad entre gobiernos”.

“Dentro del G20 hay siete países que eluden la Justicia universal, puesto que no han firmado el Convenio de Roma”, apunta Beltrán.

Entre estos figuran China y Estados Unidos, que no han procesado a nadie por los delitos cometidos en la guerra contra el terrorismo, declaró, y también criticó la ausencia de juicios por la guerra entre Rusia y Georgia; la represión de los derechos humanos en China y Corea del Norte; las detenciones a disidentes políticos en Oriente Medio y Norte de África; el retroceso de las libertades civiles en parte de Europa y Asia central; los ataques a la población civil en África subsahariana, y los crímenes contra mujeres y por motivos raciales en Latinoamérica, entre otros.

Según el informe, un total de 96 países en el mundo tienen restringida la libertad de expresión, 81 no reconocen al Tribunal Internacional, y en 111 está permitida la tortura. Además, se han detectado juicios injustos en 55 de ellos y presos de conciencia en 46 Estados, concluye el informe.