Los cuatro alcaldes que son parlamentarios autonómicos, Marc Solsona Aixalà, Albert Batallai Siscart, Albert Betet i Canadell y Neus Lloveras serán investigados por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mientras que el acalde de Tortosa, Ferran Bel, electo en el Congreso de los Diputados, tendrá que acudir al Tribunal Supremo.

El ministerio público tratará de esclarecer “si están cooperando en la organización del referéndum ilegal”, según consta en la orden del fiscal general. Además, todos ellos serán citados en el curso de estas diligencias en calidad de investigados y por tanto con asistencia letrada.

El fiscal general corrige así su primera instrucción, en la que no tuvo en cuenta que varios de los más de 700 alcaldes que apoyan la celebración del referéndum son además diputados autonómicos o nacionales y que, por tanto, su primera orden dada sólo a las fiscalías provinciales de Cataluña no tenía efectos sobre ellos.

José Manuel Maza, cursó el pasado 13 de septiembre una orden a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona para que investiguen los posibles actos de colaboración llevados a cabo por 712 ayuntamientos catalanes en la organización del referéndum que la Generalitat quiere celebrar el próximo 1 de octubre.

Esos son los consistorios que se han pronunciado a favor de la celebración del referéndum y que están dispuestos a ceder espacios y colaborar para hacer posible la votación. Esos actos son los que serán investigados por contribuir a la celebración de una consulta que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Según la orden, los alcaldes serán citados a declarar ante los jueces correspondientes en calidad de investigados y con asistencia letrada. En caso de incomparecencia, se procederá a su detención por los Mossos d´Esquadra y a su presentación ante la Fiscalía.

La Fiscalía advierte de que la colaboración en la celebración de un referéndum declarado ilegal podría ser constitutivo de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, un delito condenado con hasta ochos de prisión. Además, la orden indica que los ediles serán citados dando preferencia a los municipios con mayor volumen de habitantes.

Así, los máximos representantes municipales de Girona, Manresa, Martorell, Vic, Reus, Igualada, La Junquera El Vendrell, Cadaqués, Ripoll o Figueres tendrán que comparecer para declarar con la advertencia de que pueden ser detenidos si no acuden a la cita.