El Gobierno es el que deberá proponer al Rey un nuevo fiscal general del Estado, tras el fallecimiento este sábado de José Manuel Maza. Su nombramiento se efectuará una vez oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El candidato debe ser un “jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión”. Antes de su nombramiento, el aspirante deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que valorará su idoneidad para el cargo. Sin embargo, la opinión de los diputados no es vinculante y ni siquiera está prevista una votación.

El Gobierno quiere abordar este relevo con el mayor consenso posible, dada la delicada situación que deberá asumir el sucesor de Maza en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

El fiscal general del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal, cuyo funcionamiento está sujeto al principio de jerarquía. En su nombramiento intervienen los tres poderes del Estado y su mandato tiene una duración de cuatro años y sólo puede ser cesado por causas tasadas en la Ley, que serán apreciadas, en su caso, por el Consejo de Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que lo haya propuesto.

El fiscal general actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial, según explica la Fiscalía General del Estado.