Cardona dijo que, según dicho escrito, las acusaciones de Barbero se basan en parte en "un silogismo equivocado" que viene a decir que, si Josep Maria Sala era accionista de la empresa Time Eport, como consecuencia, y basándose en los estatutos sociales, debería también mandar en la sociedad que formaban, además de Time Export, Filesa y Malesa, suposición que la letrada negó rotundamente.

Imma Cardona recordó que incluso el ex contable de Filesa, Carlos Van Schouwen, que sacó a la luz pública el caso al presentar una demanda laboral contra la empresa, había declarado que no vio nunca a Sala dando órdenes.

La abogada de Sala afirmó que la única forma en que se podría acusar a algunos e los accionistas y miembros de una Junta General sería que existiese prueba de hecho de que ha participado, y añadió que en toda la causa del 'caso Filesa' no había ninguna prueba de este tipo.

Cardona recordó que el delito fiscal supone una ocultación a Hacienda de cinco millones de pesetas como mínimo y aseguró que, en el caso de que se probara alguna evasión tributaria en esta causa, la cifra no sería mayor de 1.800.000 pesetas.

Los documentos presentados por la letrada al Tribunal Supremo inluyen también de manera voluntaria las ocho cuentas bancarias de Sala a título personal y otras veintodós con firma autorizada suya pero de titularidad del Partido Socialista de Cataluña.