Los fallecidos en el accidente fueron Pedro Rodríguez, su hijo del mismo nombre, Alfredo Fernández y Benito Suárez, todos ellos empleados de la empresa Expenor, subcontratada por Hunosa, que se encontraban en una galería de la séptima planta del pozo cuando el día 22 de dciembre se declaró un incendio en la cabeza de la cinta transportadora.

La acusación particular, formada por familiares de los fallecidos y por los sindicatos CCOO y SOMA-FIA-UGT, pedía penas de hasta 5 años para el ingeniero jefe del pozo, Ramón Díaz Puerta, el ingeniero auxiliar Pedro Sánchez Carrillo y el ingeniero técnico de Expenor Julián Pardo Vázquez, por haber actuado con negligencia en los momentos siguientes al incendio, ya que, según acusaban, los equipos de rescate llegaron dos horas despus. También les achacaban no haber adoptado las pertinentes medidas de seguridad y detección de fuegos en el pozo.

La sentencia considera que los tres acusados no son responsables de los delitos que se les imputan, ya que el ingeniero jefe había presentado un proyecto de instalación de detectores de monóxido de carbono y obró con rigor profesional demandando la petición de captadores para instalarlos.

Por este motivo, el tribunal considera que no hubo delito de imprudencia, aunque el material no hbiese llegado todavía a la planta cuando se inició el fuego.

Tampoco considera que hubiera omisión del deber de socorro, ya que, según la sentencia, las víctimas no sufrieron desamparo alguno, siendo atendidas mediante asistencia técnica.