El informe se presentó en un acto organizado por la agencia de noticias Servimedia que, moderado por su director general, José Manuel González Huesa, contó con la participación del delegado del Cermi de Derechos Humanos y para la Convención, Gregorio Saravia; la comisionada de los Cermi Autonómicos, Teresa Palahí; la delegada de la Fundación “la Caixa” en Madrid, Laura Llapart; y la directora técnica de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE y miembro del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Natalia Guala Beathyate.

En su intervención, Gregorio Saravia recordó que el Cermi presenta este informe todos los años en las fechas próximas al 3 de mayo, cuando se conmemora en España el Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, un texto que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y que España ratificó en 2007, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008.

Gregorio Saravia consideró “muy positivo” el balance de 2024 en lo concerniente a la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, máxime teniendo en cuenta que fue el año en el que se materializó la reforma del artículo 49 de la Constitución, “un logro de las personas con discapacidad, sus familias, el movimiento asociativo y el Cermi”, y cuando se impulsó el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos.

En conjunto, el informe ‘Derechos Humanos y Discapacidad. España 2024’ comprende 145 denuncias por derechos vulnerados, 81 propuestas de mejora y 39 avances, siendo la accesibilidad el ámbito que recoge más denuncias por vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. “Sin accesibilidad, hay otros muchos derechos que quedan reducidos a la nada”, aseveró Gregorio Saravia.

"MUCHO POR AVANZAR"

A juicio del delegado del Cermi de Derechos Humanos y para la Convención, los datos antedichos ponen de manifiesto que “queda mucho, mucho, mucho, por avanzar”, lo que le sirvió para reafirmar que hay que afrontar decididamente la “falta de accesibilidad en páginas webs, el acceso a entornos físicos, en trámites con la Administración y en el ámbito de la salud, del transporte, de la educación”.

En ese sentido, denunció que “estos problemas no terminan de resolverse”, por lo que se requiere una “toma de conciencia mayor sobre lo que implica la vulneración de un artículo tan importante como el 9” del informe, dedicado a la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Tras reivindicar que este trabajo, que el Cermi elabora ininterrumpidamente desde 2008, es “una herramienta muy útil”, llamó a comprender que “la discapacidad está presente en todos los ámbitos de la vida”.

A su vez, Gregorio Saravia reseñó que en la situación de las mujeres con discapacidad “todavía quedan muchos asuntos pendientes” y defendió que “muchas de las propuestas de mejora” de la vida de las personas con discapacidad han sido impulsadas por el movimiento asociativo, como la modificación del Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de Seguridad Social por la que se deroga el despido automático por razón de incapacidad laboral permanente.

Subrayó que el Cermi aspira a que en los “asuntos clave” relacionados con la discapacidad “si no hay unanimidad, haya una amplia mayoría, un amplio consenso” entre las distintas fuerzas políticas, lo que le permitió deplorar que “hay un grupo parlamentario", en referencia a Vox, sin mencionarlo, "que le está dando la espalda a la discapacidad”.

A pesar de ello, dejó claro que el Cermi “siempre va a tener la mano tendida a todos los grupos por la igualdad” de las personas con discapacidad, y reafirmó que “somos apartidistas, pero siempre vamos a estar con la Convención”.

EXAMEN ONU

Por su parte, Natalia Guala Beathyate manifestó que la accesibilidad es un “principio” de la Convención y una “condición previa para garantizar el uso y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad”.

Expuso que resulta “fundamental asegurar el principio de accesibilidad”, para lo cual se ha de “armonizar la legislación, tomar medidas legislativas y modificar la normativa”, al tiempo que se impulsa una reforma de la “regulación interna de las Administraciones Públicas para garantizar el acceso, pensando en ámbitos como la reserva de plazas a personas con discapacidad”.

En el ámbito educativo, deslizó la conveniencia de garantizar que la accesibilidad de los chavales con discapacidad “asegure la igualdad de condiciones con sus compañeros sin discapacidad”.

Luego de instar a “derribar aquellas barreras que impiden o limitan nuestra participación en la sociedad”, conminó a “implicar al sector privado” en esta tarea, el cual “tiene que garantizar la aplicación de la Convención”.

Apuntó que España presentó su último informe para someterse al examen de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2019. Esto le permitió aclarar que aunque se preveía que el país presentara su cuarto y quinto informes periódicos a la vez en 2025, la pandemia provocó que “el análisis de los órganos de tratados se ha dilatado y muy probablemente el Estado español tenga que presentar su próximo informe hacia el año 2030”.

INCLUSIÓN

Por último, Laura Llapart dijo que el Programa Incorpora de la Fundación “la Caixa”, que tiene como objetivo “favorecer y apoyar a que las personas en una situación de mayor vulnerabilidad se incorporen al mercado laboral”, atendió a más de 30.000 individuos en 2024, de los cuales el 23% tiene discapacidad. De éstos, más del 45% tiene una discapacidad física y el 8% una discapacidad sensorial.

Suscribió el compromiso de la Fundación “la Caixa” para que las personas con discapacidad “puedan tener acceso al mercado laboral, apoyándolas en la incorporación” y auspiciando que las empresas “puedan adaptar los puestos de trabajo” a sus “circunstancias”.

También señaló que la entidad apoyó en 2024 a más de 1.300 proyectos sociales, de los cuales 500 estaban destinados a personas con discapacidad, enfermedades mentales y dolencias graves o crónicas.

Tras rememorar que la Fundación “la Caixa” apoya desde 2016 con “una dotación económica importante” la elaboración del informe ‘Derechos Humanos y Discapacidad. España 2024’, confirmó que seguirán apoyando su realización en los años venideros.