Así lo ponen de manifiesto los datos recabados por el Observatorio de la Desinstitucionalización del proyecto Hogarizar en Extremadura, el cual pone de manifiesto que existen grandes diferencias territoriales en relación a los sistemas de acogimiento.

Las respuestas recibidas de las distintas administraciones regionales muestran "grandes diferencias territoriales tanto en el grado de transparencia como en la forma de recoger y organizar los datos, lo que dificulta la comparación y el análisis conjunto", indicaron desde la Plataforma de Infancia.

"Sin transparencia no es posible evaluar si las políticas públicas están garantizando el derecho de las niñas, niños y adolescentes a crecer en familia. La falta de datos no es un problema técnico, es un obstáculo directo para avanzar en la desinstitucionalización y en la rendición de cuentas", aseveró la responsable del área de Desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, Sara Toledano.

Según la información recopilada, en Extremadura el acogimiento familiar es más frecuente entre niñas, niños y adolescentes sin discapacidad (46,3%) que entre quienes tienen alguna discapacidad (18,5%). "Estas diferencias evidencian una posible discriminación que urge afrontar", aseveraron.

INFANCIA MIGRANTE

En Aragón las plazas con mayor número total corresponden a la infancia migrante (271 plazas), seguidas de centros de transición a la vida independiente y atención educativa. La atención a adolescentes embarazadas o con hijas e hijos es muy limitada, con apenas cuatro plazas disponibles, lo que refleja la necesidad de ampliar recursos específicos para estos colectivos.

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la presencia de la infancia migrante es "un factor determinante". En Ceuta, la mayoría de las salidas del sistema desde acogimiento residencial corresponden a niñas, niños y adolescentes migrantes, especialmente por mayoría de edad, salida fuera del territorio y cese de tutela. "En Melilla, la mayor parte de quienes están en acogimiento residencial son extranjeras no acompañadas (158), frente a 46 españolas y 21 extranjeras acompañadas, lo que subraya la concentración de la infancia migrante en los recursos residenciales".

“Estos datos reflejan cómo existen desigualdades territoriales, de género, de discapacidad y de situación migratoria que deben ser abordadas para garantizar un sistema de protección equitativo y centrado en las necesidades de cada niña, niño y adolescente”, señaló Toledano.

Desde la Plataforma de Infancia también destacaron que aunque muchos territorios han facilitado la información solicitada, otros han denegado el acceso a la misma. En concreto, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Galicia no facilitaron los datos y otras regiones, como Formentera, Guipúzcoa, Navarra o Vizcaya no han respondido, o no han entregado los datos pese a resoluciones favorables de los consejos de transparencia (Canarias, La Rioja).

Ante estas situaciones, la Plataforma de Infancia indicó que ha recurrido a los mecanismos de garantía del derecho de acceso a la información pública, subrayando que disponer de datos completos y comparables es imprescindible para mejorar las políticas de protección a la infancia y la adolescencia.