Así lo recoge el informe anual de la institución correspondiente a 2023, que su titular, Ángel Gabilondo, entregó este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y en el que denuncia la “demora excesiva” en la gestión y tramitación de los procedimientos de arbitrajes en este ámbito.

Tras subrayar que el Ministerio de Consumo informó durante el pasado ejercicio sobre los casos pendientes de resolución de los años 2020 a 2022 y que se habían resuelto un total de 1.268 expedientes, explicó que dicho departamento “valoraba positivamente” la “efectividad” de las medidas adoptadas que “daban prioridad” a los expedientes “más urgentes”, o con causas comunes, con la finalidad de “facilitar” la resolución de los procedimientos “de manera más ágil y sencilla por parte de los árbitros designados”.

Asimismo, el departamento de Pablo Bustinduy informó acerca de dos aplicaciones informáticas que facilitarán una “mejor gestión” de los procedimientos, una referida a las empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, que posibilitará “identificar” las empresas que se someten a este sistema de resolución alternativa de conflictos y otra que permitirá la tramitación del procedimiento arbitral, de manera que sea “más accesible, rápida y fácil” la gestión tanto para las partes como para los árbitros y el personal de la junta arbitral.

ETIQUETADO EN BRAILLE

En paralelo, el informe también hace referencia al proyecto de real decreto que regulará el etiquetado en alfabeto braille y otros formatos para garantizar la accesibilidad universal a bienes y productos de consumo de especial relevancia, que impulsará el gabinete de Bustinduy.

A este respecto, el Defensor recordó que, dado que en España no existe una “obligación legal” de que los productos de consumo dirigidos al público en general incorporen un determinado etiquetado que “permita su identificación por parte de las personas con discapacidad visual”, ya en 2019 “inició actuaciones” con el entonces Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

“Se buscaba conocer el criterio respecto de la conveniencia de impulsar medidas encaminadas a abordar una regulación del etiquetado braille de productos de consumo de primera necesidad”, abundó, para puntualizar que dicho Ministerio “no consideraba viable” abordar la redacción de una norma nacional que “obligara” a la implementación del etiquetado en braille de los alimentos y productos industriales de venta directa, “en consonancia con las normas de aplicación del etiquetado de estos productos en el seno de la UE”, teniendo en cuenta la “diferente regulación existente en función de la naturaleza de los productos de consumo de que se trate”.