Herrero intervino este martes en la Comisión del Pacto de Toledo, en el Congreso, donde recordó que la Airef está sometida “de manera estricta” a una Ley Orgánica y, por tanto, “todo lo que venga por otra vía, como puede ser un decreto del gobierno, tiene que buscar acomodo en lo que dice la Ley Orgánica”.

Esa Ley Orgánica es la que establece los informes que debe hacer el organismo, “ni uno más ni uno menos” y “ni por ley ni por decreto” se puede ordenar a la Airef que haga informes que no contempla la norma.

“Las opiniones, que es la otra forma o el otro vehículo de actuar, como la opinión de sostenibilidad que hemos hecho, siempre es a iniciativa de la Airef. La Ley Orgánica nos dice que eso es voluntario y nunca nos lo puede imponer ningún gobierno, hablo de comunidad autónoma, entidades locales o Gobierno central”, advirtió.

Esa normativa también especifica que la Airef no puede opinar sobre lo que quiera, sino sobre cuestiones “que tengan incidencia en la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

El resto de peticiones debe hacerse “por la vía del encargo de un estudio” y, en ese caso, todas las administraciones están al mismo nivel, sin importar si se trata del Gobierno central, autonómico o local. Solo se le da prioridad a la elaboración del ‘Spending Review’, puesto que responde a un compromiso europeo.

Herrero insistió en que no se puede hacer “una utilización privativa de los recursos de la Airef”, que en este momento se encuentra evaluando recursos humanos en sanidad, contratación sanitaria o sistemas universitarios. “No puedo ahora, porque hay un decreto del Gobierno, decir a las comunidades autónomas que ya tienen un plan de acción aprobado y que ya han hecho desembolsos: ‘No, tengo que atender al Estado’”, explicó.

La presidenta de la Airef precisó que, en lo que se refiere al encargo de estudios, no tiene la consideración de Ley Orgánica, sino de ley ordinaria, y dice que la Airef hará los estudios de la Administración Central y podrá hacer los de las comunidades autónomas.

“No aprovechemos el eslabón más débil de nuestra cadena, que son esos artículos de los estudios para que un supervisor fiscal que se financia de igual manera por todas las administraciones públicas, para que al final acabe convirtiéndose en una agencia del Estado. Porque eso ataca de manera directa a nuestra independencia”, avisó.

PENSIONES

Herrero también recordó en su intervención que la entrada en vigor de la regla de pensiones obliga a la Airef a emitir un informe sobre su cumplimiento, que limita el gasto al 15% del PIB, siempre que las medidas de ingresos adoptadas a partir de 2020 para fortalecer el sistema tengan un impacto promedio 2022-2050 de, al menos, el 1,7% del PIB.

En marzo de 2025, el informe determinó que no se superaba el límite establecido de un gasto neto del 13,3% del PIB, pero advirtió de que el límite de gasto neto no es un indicador adecuado para medir la sostenibilidad, puesto que todas las proyecciones del gasto en pensiones evidencian presiones al alza para el periodo 2022-2050 y necesidad de crecientes transferencias del Estado.

Como ya ha advertido en otras ocasiones, la presidenta de la Airef insistió en que el cómputo de esta regla de gasto presenta debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal, ya que está muy influenciada por el momento en el que se evalúa.

También lamentó que esa fórmula merme su capacidad de supervisión independiente, puesto que se limita su análisis al impacto de las medidas de ingresos y con supuestos metodológicos ajenos a la Airef y común a todos los países.

Herrero informó a la Comisión del Pacto de Toledo que la visión del organismo sobre el sistema de pensiones no ha mejorado respecto al diagnóstico de 2023, año en el que habría sido necesario adoptar medidas según la regla de gasto de pensiones.

Asimismo, compartió con los parlamentarios la actualización de las proyecciones demográficas, económicas y presupuestarias a 2050 y 2070. En 2050, España contará con 52,1 millones de personas en 2050, debido al paulatino incremento de la longevidad y las migraciones exteriores netas.

Sin embargo, la población en edad de trabajar comenzará a descender a partir de 2029, lo que provocará que la tasa de dependencia muestre una tendencia creciente hasta finales de la década de 2050, casi duplicando el valor actual. En ese año, habrá 1,4 trabajadores por cada persona inactiva, frente a la relación de 2 trabajadores por cada persona inactiva de hoy.

En este contexto, la AIReF estima que el crecimiento real de la economía española tenderá al 1,3% en el largo plazo y requerirá un exigente crecimiento de la productividad del 1,1% del PIB.

El gasto en pensiones aumentará desde el 12,9% del PIB en 2023 hasta el 16,1% en 2050, para reducirse después al 14,7% del PIB en 2070. Esto implica un incremento del gasto en pensiones de 3,4 puntos del PIB en el periodo 2022-2050, frente al incremento de 3 puntos previsto en la opinión del año 2023.

Las reformas del sistema de pensiones entre 2021 y 2023 ya han producido un aumento del gasto de 0,5 puntos, que aumentará hasta 2,7 puntos en 2050 debido, fundamentalmente, a la revalorización de las pensiones con el IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad.

Herrero también indicó que la Airef espera entregar a finales del primer semestre de 2026 una evaluación de la ley de 2022 de incentivos a los Planes de Pensiones de Empleo. El plan de acción de este estudio está pendiente de aprobación.