Así lo manifestó en su comparecencia en sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación en Ucrania y sobre las decisiones adoptadas al respecto en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE (CAE) celebrado este lunes en Bruselas.

Desde el inicio de la crisis, afirmó José Manuel Albares, tanto el Ministerio como la Embajada de España en Kiev están en permanente contacto con la colectividad española en Ucrania. En este momento son 534 personas, cuya mayor parte -unos 240- reside en Kiev y otras grandes ciudades alejadas de la zona de conflicto.

No obstante, 54 españoles se encuentran en regiones fronterizas “que son especialmente sensibles y 11 de ellos en territorios no controlados por las autoridades ucranianas”. Por ahora, señaló como hizo este lunes, no se prevé ni a nivel nacional ni a nivel europeo ninguna operación de evacuación.

CONCENTRACIÓN DE FUERZAS

La situación en Ucrania “no es una cuestión lejana”, afecta a los españoles directamente “porque tiene graves implicaciones para la seguridad europea, que es indivisible”, afirmó Albares, que explicó que la posición del Gobierno de España se rige por cuatro líneas que son diplomacia, desescalada, distensión y también disuasión.

El Gobierno de España apuesta “por el diálogo, por la resolución pacífica de los conflictos, por la solidaridad europea y también transatlántica”, y sobre todo “por el respeto del derecho internacional”. En este sentido, recalcó el jefe de la Cancillería, la posición de España coincide con la de todos los socios europeos y de la OTAN. El respeto a la soberanía e integridad territorial de Ucrania “se trata de una postura constante de España que se fundamenta en el respeto a la legalidad internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas y del acta final de Helsinki”.

El jefe de la diplomacia española explicó que en los últimos meses “y muy especialmente en las últimas semanas” Rusia concentra en las zonas fronterizas con Ucrania, principalmente en Rusia, pero también en Bielorrusia, un volumen creciente de tropas que “ya superan los 100.000 efectivos”, además de material militar ofensivo, incluyendo tanques, vehículos blindados, baterías de misiles y de artillería. “Se trata de un despliegue que no se justifica por motivos defensivos”, enfatizó.

En paralelo, en el mes de diciembre, las autoridades rusas hicieron una serie de demandas en materia de seguridad que han definido como indispensables para alcanzar un acuerdo. Primero, una garantía de que Ucrania y el resto de los países de la antigua Unión Soviética nunca ingresarán en la OTAN, y prohibición de realizar ejercicios militares conjuntos en dichos países, “promesas que serían unilaterales, ya que Rusia no asumiría compromisos parecidos”.

En segundo lugar, el Kremlin exigió la retirada de todos los efectivos y todas las tropas de la OTAN presentes en los países que ingresaron a partir de 1997, y “eso querría decir, por ejemplo, que Polonia tendría que abandonar la Alianza”. En tercer lugar, exigieron la retirada de los sistemas de misiles de corto y medio alcance de las fronteras de la Federación Rusa.

Y todo ello “en un contexto de creciente activismo de la Federación Rusa en su entorno inmediato, como muestran los recientes sucesos en Bielorrusia y Kazajistán”, por lo que “nos encontramos ante un despliegue militar del todo inusual, por decirlo suave y diplomáticamente” y unas demandas que se dirigen a “aislar de Occidente a Ucrania”, bloquear la ampliación de la OTAN y “consagrar un área de control militar en el antiguo territorio soviético”, algo que “es inaceptable”.