Casero fue citado como investigado por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de dinero público durante su etapa de alcalde. Dada su condición actual de aforado, el Supremo le ofreció declarar voluntariamente, y en caso de no haber comparecido habría tramitado el correspondiente suplicatorio a la Mesa del Congreso.

El parlamentario popular estaba citado a las 11.30 horas de la mañana. A su salida aseguró que “todo” había ido “bien” y que la declaración se había desarrollado con “normalidad”. Tras explicar a los periodistas que se había sentido “tranquilo”, indicó que dejó “claras algunas cuestiones tanto al fiscal como al juez” y que ahora toca “esperar la decisión de la Justicia”.

El exalcalde de Trujillo decidió acudir al Supremo de manera voluntaria, sin esperar al suplicatorio, porque “no hay nada que ocultar” y para “aportar cuestiones nuevas que pudieran aclarar las dudas que pudieran surgir. A partir de ahora, a esperar con toda la confianza del mundo” porque “todo está explicado con absoluta normalidad y conforme a lo preparado”.

En esta comparecencia ante el juez instructor, Casero no aportó documentación alguna sobre los contratos en cuestión porque en este momento del proceso no se puede entregar documentación alguna, “sólo declarar y ya está”.

La Sala de lo Penal del TS acordó abrir causa al diputado después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevase al Supremo una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa.

Están bajo la lupa de la justicia la adjudicación de varios contratos públicos del Ayuntamiento de Trujillo y los pagos realizados a un psicólogo amigo de Casero que prestó servicio a víctimas de violencia de género sin que el Consistorio lo hubiera autorizado.