A su salida de la sede judicial, el parlamentario aseguró que no tiene “nada que ocultar” y que en su comparecencia trató de aclarar todas las “dudas” que pudieran tener la Fiscalía y el juez sobre el asunto.

Casero fue citado como investigado por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de dinero público durante su etapa de alcalde. Dada su condición actual de aforado, el Supremo le ofreció declarar voluntariamente, y en caso de no haber comparecido habría tramitado el correspondiente suplicatorio a la Mesa del Congreso.

El parlamentario popular estaba citado a las 11.30 horas de la mañana. A su salida aseguró que “todo” había ido “bien” y que la declaración se había desarrollado con “normalidad”. Tras explicar a los periodistas que se había sentido “tranquilo”, indicó que dejó “claras algunas cuestiones tanto al fiscal como al juez” y que ahora toca “esperar la decisión de la Justicia”.

El exalcalde de Trujillo decidió acudir al Supremo de manera voluntaria, sin esperar al suplicatorio, porque “no hay nada que ocultar” y para “aportar cuestiones nuevas que pudieran aclarar las dudas que pudieran surgir. A partir de ahora, a esperar con toda la confianza del mundo” porque “todo está explicado con absoluta normalidad y conforme a lo preparado”.

En esta comparecencia ante el juez instructor, Casero no aportó documentación alguna sobre los contratos en cuestión porque en este momento del proceso no se puede entregar documentación alguna, “sólo declarar y ya está”.

La Sala de lo Penal del Supremo acordó abrir causa al diputado después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevase una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa.

Están bajo la lupa de la justicia la adjudicación de varios contratos públicos del Ayuntamiento de Trujillo y los pagos realizados a un psicólogo amigo de Casero que prestó servicio a víctimas de violencia de género sin que el Consistorio lo hubiera autorizado.

CAÍDA EN DESGRACIA

Casero, un destacado miembro del Grupo Parlamentario Popular bajo la presidencia de Pablo Casado, cayó en desgracia a raíz del error en la votación telemática que permitió al Gobierno sacar adelante la reforma laboral el pasado 3 de febrero.

El diputado seguía de forma telemática el Pleno de ese día por encontrarse indispuesto. La dirección del PP esperaba el golpe de efecto que iba a suponer la traición al PSOE de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que habían comprometido su voto a favor de la reforma y que finalmente votaron en contra, lo que habría supuesto tumbar la reforma legislativa del mercado de trabajo.

Pero Casero cometió un error al formular su voto y se pronunció a favor, salvando así al Gobierno en una de sus leyes estrella de esta legislatura. A ese error siguió una rocambolesca sucesión de acusaciones de tongo formuladas por el PP, que no logró que se revirtiera la votación.

La Fiscalía del Tribunal Supremo elaboró un informe después de que una jueza de Trujillo elevara exposición razonada al Alto Tribunal en la que pedía que se tomara declaración como investigado al diputado. Las diligencias previas contra Casero se incoaron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018.

LOS CONTRATOS

La exposición razonada apunta que el 3 de marzo de 2017, Casero contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género. El profesional cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social. Además se firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales.

Según indica el escrito, Casero "no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto". Tampoco consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura y eso que ese tipo de actividad se canalizaba a través de la Comisión de Violencia de Género "a la que no le consta ninguna actuación" por parte de esta persona.

Recoge la exposición que, además, Bonilla acabó reclamando parte de las facturas que no había cobrado por la vía judicial y que de hecho hubo condena al Ayuntamiento para que se las abonara.

Además, la exposición razonada indica que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú que llevaba aparejado un contrato por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo. El entonces alcalde no informó a los servicios económicos ni jurídicos del Consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. El convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía y no se sometió a información pública ni se publicó en el BOE. Añade que ese contrato no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y por tanto precisaba licitación.

El escrito menciona, además, otros tres asuntos. Uno de ellos hace referencia al compromiso verbal de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala 'Pop Eye' a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros. Igual que en los anteriores casos, Casero no informó a los servicios competentes y no tramitó expediente alguno. Y en 2018 firmó el convenio y se comprometió a aportar otros 9.000 euros por otros costes, pero el Ayuntamiento no abonó nunca esas facturas.

En 2018 contrató a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la feria del queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales, y resultó inadecuado porque era un servicio periódico y previsible año tras año.

En el marco de la feria internacional del queso firmó también contrato con Radio Interior SL para promocionarla. El contrato una vez más fue menor cuando no podía ser así porque superaba los 15.000 euros y además era una prestación periódica. La empresa acabó recurriendo a los tribunales para cobrar las facturas.