En un comunicado, Alquiler Seguro avisó de que la “incertidumbre generada” por las medidas contenidas en la Ley de Vivienda "está ya desembocando en la contracción de la oferta", y el incremento de los costes y la reducción de la facturación “podrían acarrear la pérdida de puestos de trabajo y el empeoramiento de las condiciones laborales”.

Esta organización apuntó que en la rama de personas empleadas en el sector inmobiliario de la EPA se registró un récord de trabajadores en el segundo trimestre del año pasado con 187.100.

Recordó que Cataluña es la única comunidad autónoma que ha declarado zonas tensionadas en 140 municipios y Lloguer Segur, la filial de Alquiler Seguro en Cataluña, que gestiona más de 4.000 viviendas en esta región, “está notando ya los problemas que conlleva esta nueva situación”.

“La Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas es una estrategia errónea que golpea en varias direcciones”, reduciendo la oferta y acentuando la gentrificación de las grandes ciudades, según advirtió Alquiler Seguro.

“Si bien la voluntad manifiesta es la de conseguir que los precios bajen, el alto grado intervencionista de esta regulación desemboca en una contracción de la oferta que provoca una tensión aún mayor en el mercado. Tanto es así, que hasta un 30% de los propietarios se plantea alguno de los modelos alternativos al alquiler residencial”, afirmó el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza.

La organización relató que la posible pérdida de puestos de trabajo no es la única consecuencia “negativa” de la ley, sino que “la continua aprobación de nuevas normas y sus modificaciones implica un aumento de los costes de asesoría jurídica” y la Ley de Vivienda contempla un incremento en los tiempos de formalización de los contratos de arrendamiento por actualización, lo que supone un mayor coste indirecto. Igualmente se produciría un incremento en los costes de publicidad por la constante renovación de los anuncios.

Alquiler Seguro también advirtió de que los propietarios se mueven en un escenario de “inseguridad constante y de recelo” hacia el propio sector, lo que conlleva que se cancelen proyectos de expansión y nuevas aperturas.