A su juicio, "el queno estemos plenamente satisfechos con lo que el 'cambio' nos ha dado no hace más que confirmar la intensidad de nuestra esperanza, todavía no plenamente realizada, que nos hace confiar en el cambio, como la palabra fuerza que expresaba la demanda social, patente en el pueblo, en las postrimerías de la Dictadura. Fue como la promesa del futuro mejor que, para nuestros antepasados del siglo XXI, supuso la palabra progreso".

Rodeado de sus antecesores en el cargo y de los defensores del pueblo en aquella comunidades autónomas que tienen una figura homóloga, el primer presidente del Congreso democrático señaló que la cuestión es saber "si la justicia, lo mismo que nos hemos preguntado con motivo de la libertad, es vivida por los españoles como suficiente garantía y a su satisfacción".

En su opinión, si la libertad es el "cambio conseguido", la Justicia es un cambio "in fieri" que sigue un buen camino pero cuya meta es "aún distante, aún remota". Para Alvarez de Miranda, no basta con que la Carta Magnadistinga los distintos poderes del Estado si en la práctica cotidiana no se aceptan las consecuencias políticas que comporta tal división de poderes, equilibrio que, recordó, no siempre se ha conseguido.

"Las graves consecuencias entre la norma y la praxis son evidentes", adviritó. "La crispación entre las fuerzas políticas es consecuencia del cauce estrecho y cerrado de la vida parlamentaria; la judicialización de la vida política es corolario del débil y disgregado debate parlamentario; el asentamieto del contraste de opiniones, de forma casi exclusiva en los medios de comunicación, es consecuencia de la pobreza y del déficit del control parlamentario".

"La falta de control por parte de las Cámaras ha propiciado desajustes y corrupciones que nos han sorprendido a todos. De nada sirve consagrar jurídicamente la vigencia de los tres poderes si en la práctica decidimos supeditarlos y someterlos unos a otros por mor de una pretendida eficacia", sentenció.

VIDA PARLAMENTARIA

Sobre la "inefeciecia" de la vida parlamentaria española, Alvarez de Miranda señaló que "cuando se trastoca el equilibrio que demanda la Justicia, no sólo se producen alteraciones éticas y políticas, sino que, a la larga, es la misma eficacia y seguridad quienes los padecen".

"La Justicia del Estado de derecho no es un adorno de la libertad o la democracia: es el valor ético-jurídico por excelencia", dijo. "Es la ética pública, con su comprometida exigencia, la que verifica y realiza la Justicia al nivel deseado, con ss consecuencias sociales y políticas".

En este sentido, Alvarez de Miranda agregó que "es la ética pública la que garantiza que el derecho justo, el Estado de derecho, lo sea realmente, más allá del nominalismo (...), es la que debe proyectar en programas y dimensión crítica el futuro del Estado de derecho".

Señaló que "la Constitución proclama la voluntad del pueblo como expresión del origen del poder, fuente generadora de la Justicia, pero no consagra un liberalismo 'ad libitum' que, llevado a us últimas consecuencias, podría desembocar en el absurdo de ver presente el derecho en una asociación para el crimen".

El Defensor del Pueblo afirmó que la aplicación de los capítulos constitucionales que proclaman el derecho a la igualdad entre los españoles se ha conseguido en términos de convivencia, pero no "en el nivel de equidad que demanda nuestra cultura", dimensión que resulta, a su juicio, "claramente insuficiente".

"Es evidente que la desigualdad que se percibe en nuestra sociedad, dede la opulencia a la indigencia, y que se mantiene en estos derechos básicos, sin los cuales es imposible la existencia de otros derechos sociales, políticos y culturales, nos indica que el proclamado cambio de la igualdad es únicamente una esperanza que no se pierde, pero que claramente no se posee", dijo.

Alvarez de Miranda denunció la persistencia en la sociedad española de "actitudes racistas o xenófobas y discriminaciones por razón de sexo, de estado, de edad, que ponen en evidencia lo lejano queesá este concepto de democracia en el cual el más débil posee las mismas oportunidades que el poderoso". En su opinión, "sin el cambio de la igualdad, el concepto 'cambio' será una cáscara vacía".

LIBRES E IGUALES

A su juicio, para mejorar la implantación de la libertad y la igualdad en nuestro país hay que "reforzar la tolerancia y la solidaridad, sin dejarnos llevar de los agoreros, ni de los que aprovechan el indudable descontento que produce la crispación, los errores políticos y la angustia ecoómica para negar al todo (el Estado de derecho), defectos y errores que lo son sólo de parte o de partidos".

Para el Defensor del Pueblo, sólo desde el sistema democrático y participativo y desde la monarquía parlamentaria "será posible profundizar en los tres niveles de cambio: el de la libertad, la justicia y la igualdad".