Lo hizo a través de una declaración publicada con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que incluyó declaraciones de su director en España, Esteban Beltrán, quien atestiguó que “en un mundo profundamente interconectado, los desafíos que enfrentamos como sociedad global requieren una mayor cooperación y liderazgo comprometidos con los derechos humanos”.

En ese sentido, arguyó que la pandemia evidenció “la clamorosa falta de gobernanza global y liderazgo, además de la frágil interdependencia y la urgente necesidad de solidaridad entre naciones”.

AI recordó que “conflictos armados sin resolver durante décadas”, “parálisis del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, “desigualdades sistémicas que amenazan el derecho a la educación o a la salud de millones de personas”, un “cambio climático que representa la mayor amenaza intergeneracional para la humanidad”, “movimientos migratorios y de personas refugiadas sin precedentes que ven vulnerados sus derechos de manera grosera”, “tecnologías disruptivas sin control” y un “aumento en la represión de la protesta pacífica” constituyen “algunos de los recordatorios dolorosos de los problemas y retos que persisten para los derechos humanos y que sólo se podrán afrontar de manera global”.

A su juicio, esta “falta de liderazgo global” provoca que “los derechos de millones de mujeres, niños y niñas y comunidades marginadas sigan siendo violados, con una discriminación y violencia persistentes”.

A pesar de ello, Esteban Beltrán aseveró que “75 años más tarde, y a pesar de todas las dificultades que atraviesa, podemos decir que los derechos humanos han sido un éxito incontestable en la historia de la humanidad”.

Esto le sirvió para exponer que desde 1948 “se han experimentado avances significativos en múltiples áreas, como el derecho a la educación y la reducción del analfabetismo en gran número de países, el acceso a la atención médica de más sectores sociales, la igualdad de género, la protección legal contra la discriminación, la prohibición de la tortura, la creación del Tribunal Penal Internacional, en enjuiciamiento legal y castigo de algunos responsables de crímenes de derecho internacional o los avances en la abolición de la pena de muerte”.

Amnistía Internacional consideró que el “entorno global actual” y sus “desafíos mayúsculos” impelen a “repensar y actualizar” la supradicha declaración para “reflejar las nuevas dinámicas en las relaciones globales entre individuos, Estados y corporaciones”; para “enfrentar discursos populistas que amenazan con socavar la protección de los derechos fundamentales; o para “conjurar las amenazas que los avances tecnológicos disruptivos representan para la salvaguarda de los derechos humanos en un mundo cada más digitalizado y complejo”.

En el caso de España, ensalzó “hitos que reflejan un proceso tangible”, aunque advirtió de que “existen grietas por donde se cuelan graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, recomendó la reforma de la Constitución para “asegurar la protección uniforme de todos los derechos humanos”, “revertir el grave retroceso en la libertad de expresión y asociación” originado tras la aprobación de la conocida como ‘Ley Mordaza’, afrontar “las desigualdades económicas y sociales considerables en diversas regiones del Estado” y acometer las “consecuencias del cambio climático”.

También reclamó abordar la lucha contra la violencia de género o la violencia sexual, los “múltiples obstáculos” que se encuentran los refugiados y los inmigrantes y la “garantía de acceso a la justicia para las víctimas del franquismo”.