Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Confederal fueron inadmitidas por la Mesa del Senado, decisión que este grupo recurrió. De este modo, la propuesta de reforma se debatirá mañana jueves en el Pleno del Senado, donde con toda probabilidad obtendrá un respaldo suficiente para salir adelante (es necesario el apoyo de, al menos, tres quintas partes de la Cámara).

Entre otros puntos, el nuevo artículo recogerá la sustitución del término ‘disminuido’ por la expresión ‘personas con discapacidad’, la obligación de los poderes públicos de “realizar las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles” del colectivo y una especial atención para los menores y las mujeres con discapacidad.

La modificación ya fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados (en una sesión celebrada en el Senado por obras en el hemiciclo de la Cámara Baja), con la única oposición de Vox y tras ser tramitada por urgencia y en lectura única.

ENMIENDAS INADMITIDAS

Presentadas por el senador de Mès- Compromís Enric Morera y el senador de Ibiza y Formentera Juanjo Ferrer, adscritos al Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, estas enmiendas pedían la recuperación del derecho civil valenciano y conceder un senador a la isla de Formentera. Son las mismas que el grupo de Sumar presentó en el Congreso.

El argumento de la Mesa del Senado es que el contenido de estas enmiendas “excede el objeto” de la reforma propuesta y "no guardan relación con el artículo 49" de la Constitución, con lo que deberían “seguir su propio trámite”.

El senador Morera criticó la decisión de la Mesa, ya que a su juicio “supone una vulneración grave del artículo 23 de la Constitución”. “Afecta al derecho de los diputados a participar sobre los asuntos que les afectan”, dijo, y reiteró que las enmiendas presentas por su grupo cuentan con “el respaldo unánime de las Cortes valencianas”.

“Le pido a la comisión que lea con detenimiento nuestro escrito”, para no incurrir en una vulneración “sin remedio”, añadió. ”Estamos tratando una reforma constitucional”, por lo que “tenemos derecho a que nuestras enmiendas sean debatidas y votadas”, recalcó.

Según el presidente de la Comisión Constitucional, Pío García Escudero, con la presentación del recurso, el derecho “queda garantizado”, pero “no es potestad de esta comisión” decidir al respecto, explicó.

En su intervención, el senador del PP Miguel Ángel Jerez destacó que las dos reformas anteriores de la Constitución “vinieron impuestas por exigencias de la Unión Europea, pero esta viene impuesta por una exigencia moral, que nos impele a todos” para cumplir con los derechos de las personas con discapacidad.

Defendió que “es nuestro deber reformar este texto, no para enmendar la tarea constitucional del 78, sino para reparar las consecuencias de la inacción del legislador actual, que ha mantenido demasiado tiempo el término disminuido” en la Carta Magna.

Por su parte, la socialista Lirio Martín declaró que esta modificación “forma parte de los deberes morales de los poderes públicos”. “Las normas legales deben ser fiel reflejo de lo que es nuestra sociedad”, añadió, y sostuvo que “tras 46 años de avances sociales España tiene otra concepción sobre las personas con discapacidad” que ha de figurar en su Constitución.

NUEVO ENFOQUE

La senadora de UPN María del Mar Caballero subrayó que la reforma del artículo 49 “no es un mero cambio de términos, sino un nuevo enfoque” sobre la discapacidad. Se felicitó por ver culminada esta modificación que “ha llevado muchos más años de lo que se debería”.

Asimismo, agradeció el trabajo realizado por el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) y por su excompañero Íñigo Allí. En opinión de Caballero, “nosotros consideramos también que hay puntos que se deberían modificar”, como la disposición adicional 4ª, “pero creemos que hoy no toca”. “Es el momento del acuerdo porque nuestra Constitución será así más justa y mejor”, concluyó.

Los demás portavoces que participaron en el debate apoyaron la reforma, aunque criticaron la inadmisión de las enmiendas y la manera en que se ha tramitado la proposición de ley, de forma urgente y en lectura única.

Para Uxue Barkos, del grupo de la Izquierda Confederal, se trata de una reforma del “conjunto” de la sociedad y, en concreto, de las personas con discapacidad. Por eso, indicó que es “es deber del legislador agradecer a todas estasentidades” su impulso de tantos años para sacar adelante la modificación.

En su intervención, leyó una carta donde el Cermi de la Comunidad Valenciana mostraba su apoyo a la enmienda que pedía recuperar el derecho civil valenciano y rechazó que la tramitación de estas enmiendas “pueda a quitar relevancia” a la discapacidad.

Mario Zubiaga, de EH Bildu; Josep María Reniu, de ERC; Estefanía Beltrán, del PNV, y Josep Lluis Cleries, de Junts, lamentaron que “los dos grandes partidos decidan de qué se puede hablar y de qué no”.

Para la senadora Beltrán, esta reforma “acaba con un término que era peyorativo, pero supone además un nuevo enfoque basado en derechos”. Ahora bien, “si con ella es verdad que se mejora la calidad democrática de nuestra sociedad, desde luego la forma de tramitarla, de urgencia y sin permitir enmiendas, no ha sido la mejor”, recalcó.

Cleries resaltó a su vez “todos los avances” que el nuevo texto implica, como son “que por primera vez se hable de personas; que se diga que son titulares de derechos en situación de igualdad y de libertad; que se mencione a los menores y a las mujeres con discapacidad; que se aluda a la obligación de los poderes públicos de garantizar su autonomía personal y su inclusión social, y que se mencionen los tratados internacionales”. “Es una pena que los dos grandes partidos no permitan” avanzar en otras reofmas que son igualmente necesarias, recalcó.

A juicio de Zubiaga, esta actitud de PP y PSOE es síntoma de “la aluminosis que sufre el edificio constitucional”, que permanece “fosilizado”.

Por su parte, Reniu admitió que “utilizar una palabra u otra no cambia la realidad”, pero “sí contribuye a evolucionar hacia otra mentalidad que, en el futuro, permitirá modificarla”. De ahí la necesidad del ”lenguaje inclusivo" en la Constitución, que calificó de “una cuestión de dignidad y equidad”.